Senadores aprueban sin cambios las leyes de Seguridad e Inteligencia

El Pleno del Senado aprobó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que crea un sistema de interconexión de datos públicos y privados a los que tendrán acceso las instituciones de seguridad.La ley de Seguridad fue aprobada en lo general por 88 votos a favor y 16 en contra y en lo particular por 77 votos a favor y 30 en contra, sin que se aceptaran cambios a la minuta enviada por la Cámara de Diputados.La ley de Investigación e Inteligencia fue aprobada en lo general por 67 votos a favor y 29 en contra, y en lo particular por 66 votos a favor y 31 en contra, sin que se aceptaran las reservas presentadas por los senadores.Esta legislación, que fue enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación, establece las reglas de funcionamiento del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, así como los mecanismos de coordinación y colaboración entre las instituciones, autoridades y los entes que lo integran, en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos.Subordina las acciones de investigación e inteligencia a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y permite a las instituciones de seguridad la interconexión, el acceso, la consulta e integración de la información contenida en las bases de datos y registros públicos y particulares que componen la Plataforma Central de Inteligencia.Foto: CuartoscuroEsta plataforma, a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), estará interconectada a los sistemas de inteligencia de las instituciones de seguridad pública del Estado mexicano, así como a los registros y bancos de información en posesión de cualquier otra institución pública y de particulares.En ese sentido, incluye a los particulares que tengan a su cargo sistemas de inteligencia, bases de datos y registros administrativos como datos vehiculares y de placas, biométricos, telefónicos, de la propiedad y del comercio, de personas morales, catastros, fiscales, de armas de fuego aseguradas o decomisadas y de personas prestadoras de servicios de seguridad privada.Además, comprende los padrones de personas detenidas y sentenciadas, de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales, comerciales, en materia marítima y “todos aquellos de donde se pueda extraer información, indicios, datos y pruebas para la generación de productos de inteligencia para la prevención, investigación y persecución de los delitos”.La obligación que establece la ley es que estos sistemas “deberán vincularse y colaborar con los órganos del Sistema Nacional, para su consulta de acuerdo con las formas y mecanismos previstos en esta Ley”.Para el procesamiento y análisis de la información, se utilizarán sistemas y programas que reciban, transcriban, conviertan, organicen, clasifiquen e interrelacionen información y datos de todo tipo, incluidos programas de automatización y herramientas de inteligencia artificial, “a fin de generar las estrategias, acciones y los productos de inteligencia en seguridad pública que detonen y refuercen operativos y operaciones especiales”.Imagen: IA/AN (MDS)Establece que “los sistemas podrán ser mecánicos, tecnológicos e inteligentes” y la información será utilizada para generar productos de inteligencia y otros estudios que contribuyan a “identificar y combatir amenazas y afectaciones a la seguridad pública”.Por otra parte, la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, crea un Sistema Nacional en la materia integrado por un Consejo Nacional, el Gabinete Gabinete Federal de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, las mesas de paz, los consejos locales, y el Secretariado Ejecutivo.Aunque los senadores no hicieron modificaciones al dictamen, los diputados previamente realizaron cambios a la iniciativa presidencial, como la eliminación del párrafo que señalaba que “la seguridad pública es de carácter civil”, así como la colocación de la Guardia Nacional -adscrita formalmente a Defensa- como la principal institución de seguridad federal, “con un enfoque y formación en doctrina policial civil”.La legislación crea Sistema Nacional de Información, compuesto por registros y bases de datos nacionales, que permitirán a las instituciones de seguridad pública su consulta e interconexión.Las instituciones policiales, de procuración de justicia o penitenciarias, y los Centros de Comando y Control, podrán compartir, actualizar y consultar diariamente información en este sistema.La información contenida estos registros “se clasificará como reservada” en temas como detenciones, información criminal, personal de seguridad, equipo, armamento, medidas de protección, personas sentenciadas y otras necesarias para la operación del sistema. Sin embargo, no lo será “aquella información estadística requerida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para los Censos Nacionales de Gobierno”.Los registros del Sistema Nacional de Información incluyen el de armamentos y equipo, detenciones, incidencia delictiva, información penitenciaria, mandamientos judiciales, personal de seguridad pública, medidas de protección, vehículos robados y recuperados, eficiencia ministerial, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada.La nueva legislación otorga al Consejo Nacional de Seguridad Pública la facultad de aprobar los criterios para la distribución de los Fondos de Ayuda Federal para la seguridad pública, conformados por recursos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación.Oposición acusa instauración del “gobierno espía”Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, la morenista Lucía Trasviña, afirmó que estas leyes marcarán un antes y un después sobre cómo el Estado enfrenta el desafío de la seguridad pública. “Se trata de instrumentos que proyectan el rumbo estratégico que nuestro país necesita para consolidar la paz, la justicia y recuperar la confianza del pueblo en sus instituciones; un nuevo paradigma de seguridad pública”, dijo.“Por décadas, México sufrió las consecuencias de una estrategia centrada en el uso excesivo de la fuerza y en estructuras fragmentadas de coordinación. Hoy estamos consolidando un nuevo modelo centrado en inteligencia, profesionalización y cooperación”, añadió.Integrantes de la bancada panista desplegaron mantas en las que aparecía la figura de un hombre vestido de negro, sin rostro visible y con el logotipo del partido Morena, con la frase “Gobierno Espía”.Foto: CuartoscuroEl senador panista Ricardo Anaya consideró que la nueva Ley de Seguridad “es un reconocimiento de que la estrategia de abrazos no balazos fue un absoluto fracaso” y por eso están a favor de ella. Sin embargo, sobre la de investigación e inteligencia señaló que se trata del “último clavo al ataúd para acabar con la privacidad en México e instaurar el gobierno espía”, lamentó.El priísta Miguel Ángel Riquelme dijo que ambas leyes forman parte de un andamiaje legal que busca restringir libertades y debilitar la democracia. “Están arrebatando derechos con reformas para instaurar un Estado policial-militar. El periodo extraordinario quedará enmarcado por procesos legislativos opacos”, agregó.Por parte de Movimiento Ciudadano (MC), la senadora Alejandra Barrales señaló que la inseguridad hoy por hoy es la mayor preocupación de las y los mexicanos, por lo que brindar seguridad pública debe ser la máxima prioridad del Estado mexicano. “Nos pronunciamos a favor de la seguridad y la paz, pero necesitamos que haya controles democráticos y respetuosos de los derechos humanos”, apuntó.Advierten sobre creación de infraestructura de vigilancia sin precedentesLas iniciativas fueron objeto de críticas por parte de especialistas y organizaciones civiles. De acuerdo con José Flores, director de la organización R3D, se corre el riesgo de que se consolide una infraestructura de vigilancia sin precedentes, donde el Ejército podría intervenir comunicaciones y procesar información personal sin controles judiciales ni democráticos.“Escondida entre las reformas a la Ley de la Guardia Nacional se esconde la intención de legalizar la vigilancia por parte del Ejército”, señaló Flores en Aristegui en Vivo, y subrayó que la legislación otorga facultades a la Secretaría de Defensa para intervenir comunicaciones bajo el argumento de la seguridad nacional.Por su parte, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, advirtió que se está dando a la Secretaría de la Defensa Nacional “la capacidad de generar, operar, procesar y utilizar información en materia de seguridad nacional”, con el fin de identificar riesgos que puedan afectar la integridad y estabilidad del Estado mexicano.“Queda una amplísima autorización para que la Secretaría de la Defensa Nacional genere su propio sistema de seguridad nacional, para que con ese sistema tenga inteligencia, tenga actividades propias”, explicó en Aristegui en Vivo.Recordó que la Ley de Seguridad Nacional —vigente desde el sexenio de Vicente Fox— establece que esta área incluye “la protección de la nación frente a amenazas y riesgos del país, la preservación de la soberanía, la independencia nacional, el mantenimiento del orden constitucional, la unidad de la Federación, la defensa nacional y la preservación de estos elementos”, categorías que han sido ampliadas con los años.“Si bien es cierto que se está fortaleciendo la seguridad pública […] también se está fortaleciendo mediante el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia”, añadió, en referencia a la nueva arquitectura institucional.