Gregorio Eljach, procurador general, solicitó a la Corte Constitucional retirar el Decreto Legislativo 155 de 2025, expedido por el Gobierno nacional, con el cual se busca implementar proyectos de infraestructura y dotación educativa en la región del Catatumbo.De acuerdo con el jefe del Ministerio Público, el decreto no responde a una emergencia coyuntural relacionada con alteraciones graves del orden público, como exige la figura de excepción, sino que intenta resolver problemáticas estructurales de larga data en el sistema educativo de la región. Solicitud Procuraduría Foto:Archivo Particular”Desde su dimensión estructural e histórica requiere de la puesta en marcha y ejecución de políticas públicas consistentes en el tiempo, y no de la adopción de medidas de carácter transitorio con vigencia limitada en el tiempo”, explica el documento. El pronunciamiento también cuestiona la validez de los argumentos del Gobierno nacional, señalando que los datos presentados para justificar el aumento de la violencia en la zona son anteriores a 2025.”Si el gobierno considera como factor esencial para la modificación del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, ampliar la cobertura en educación superior en las zonas declaradas en estado de conmoción interior, debe acudir a las vías ordinarias”, dice el procurador en la solicitud.Uno de esos caminos sería la presentación del proyecto de ley en el Congreso y en tal caso de ser necesario, debe ser “acompañado de mensaje de urgencia para que sea discutido en un menor tiempo por el órgano legislativos”.En consecuencia, la Procuraduría considera que no se acredita una agravación reciente del conflicto que justifique el uso de poderes extraordinarios.Solicitud Procuraduría Foto:Archivo Particular“El gobierno pretende enfrentar un déficit estructural en educación con herramientas excepcionales que, por su naturaleza, deben ser temporales y proporcionales”, enfatizó Eljach. En su análisis, el procurador también alertó sobre un posible desbordamiento de funciones por parte del Ejecutivo. A su juicio, el decreto en cuestión incurre en una “usurpación de competencias legislativas” y vulnera principios fundamentales del orden democrático, como la separación de poderes.Las medidas adoptadas, según el Ministerio Público, no ofrecen una respuesta eficaz ni proporcional a la grave situación humanitaria que afecta a la región del Catatumbo, así como a Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González, en el Cesar.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.comMás noticias: