Portugal reforzará la persecución de la violación al definirla como delito público | Sociedad

El Código Penal portugués no considera una violación como un delito público. Esto cambiará tras la nueva, y extraña, mayoría parlamentaria que este viernes votó a favor de las propuestas de partidos tan divergentes como el ultraderechista Chega, los izquierdistas Livre o Bloco de Esquerda y el animalista PAN para reforzar la persecución de los delitos sexuales y el apoyo a las víctimas. La nueva tipificación de la violación, que pasará de ser un delito semipúblico a público, permitirá que pueda ser perseguida con independencia de que exista o no denuncia de la víctima. La votación de hoy no es el paso final, pero representa un avance respecto a otras tentativas similares. Las iniciativas aprobadas este viernes pasarán ahora a debatirse en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías, antes de regresar al pleno para su votación final con las enmiendas que se incorporen.Hasta ahora los intentos para cambiar la tipificación penal habían fracasado por la oposición de las dos formaciones que habían sido mayoritarias hasta las elecciones de mayo, Partido Socialista y Partido Social Demócrata (PSD, centro derecha). En esta ocasión, el PSD, que ahora forma parte de la coalición de gobierno AD, decidió variar su posición y apoyar las propuestas de los restantes partidos para endurecer la tipificación. No fue el camino seguido por el grupo parlamentario socialista, que decidió abstenerse, aunque varios una docena de diputados se desmarcaron y votaron a favor, entre ellos su antiguo secretario general, Pedro Nuno Santos, que dimitió del cargo tras su pésimo resultado electoral al ser superado por Chega como segunda fuerza. También los tres diputados comunistas se abstuvieron. No hubo votos en contra. El líder del grupo parlamentario socialista, Eurico Brilhante Dias, justificó la abstención de su formación con el argumento de que las víctimas, a partir de ahora, no serán escuchadas para seguir adelante con el proceso. “El carácter automático de transformarlo en un delito público deja fuera la participación de la víctima y nosotros no podemos dejar a la víctima de un delito horrible fuera de ese proceso penal”, indicó. Portugal es uno de los países de la Unión Europea con una legislación más blanda respecto a la violencia sexual, a pesar de que ha ido endureciendo las leyes en la última década. En 2015 se reformó para incorporar cualquier tipo de coerción para forzar un acto sexual y no solo la fuerza física o las amenazas, como ocurría hasta entonces. Cuatro años más tarde se perfiló en la ley el significado de coerción como cualquier acto realizado contra el consentimiento de la víctima. De los 22 países de la UE que firmaron el Convenio de Estambul, que identifica las diferentes violencias contra las mujeres, Portugal es uno de los cuatro con penas más livianas para los agresores sexuales junto a Finlandia, Estonia y Eslovenia. En ninguno de estos países la pena máxima por un delito de violación supera los seis años (cinco en el caso esloveno), la mitad de la pena máxima contemplada en el Código Penal español. La violencia sexual no ha dejado de crecer en los países comunitarios desde 2013, según Eurostat. Las violaciones, en concreto, aumentaron un 141% entre ese año y 2023. Lo que no se alterará de momento en la legislación portuguesa son los tiempos de prescripción, ya que la mayoría de la Asamblea de la República votó contra la iniciativa de Inês Sousa Real, la única diputada del partido animalista PAN, para ampliar los plazos para presentar denuncias por agresión sexual. En la actualidad las víctimas solo disponen de seis meses desde la violación para presentar una denuncia.Tras la reciente violación a una adolescente de 16 años, ocurrida en febrero y aireada en redes sociales, ha habido varios actos de protesta para exigir el endurecimiento de la legislación y aumentar la protección sobre las mujeres.