La trágica muerte de la niña Valeria Afanador abrió dos escenarios judiciales que podrían comprometer a la rectora y al colegio donde estudiaba. El cuerpo de la menor fue hallado por un campesino de Cajicá la semana pasada, y desde entonces su familia ha insistido en que no cese la investigación, anunciando que tomará acciones legales por varias vías.Julián Quintana, apoderado de la familia, no ha dejado de expresar su preocupación ante la falta de control del colegio campestre Los Laureles el 12 de agosto, día en el que la víctima desapareció en inmediaciones del río Frío. El reporte de Medicina Legal arrojó que la estudiante murió por un ahogamiento en medio líquido. “La niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago”, explicó la Fiscalía, dejando a un lado otras versiones que habían circulado sobre su desaparición. Las autoridades ya dieron sus versiones ante el hallazgo del cuerpo, pues llamó la atención que días antes, socorristas ya habían pasado por ese mismo punto y no lo habían encontrado. Valeria Afanador fue buscada durante varios días por más de 40 hombres de cuerpos especializados. Foto:EL TIEMPOLos escenarios que se abren tras el trágico suceso corren por cuenta de la familia y su abogado. En diálogo con EL TIEMPO, Julián Quintana dijo que por ahora tomará tres medidas. “La primera es la acción penal: solicitaremos a la Fiscalía que investigue a la rectora del colegio por la violación de su posición de garante, y que se le impute el delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual, pues la institución omitió deberes esenciales de cuidado y seguridad”, subrayó. La segunda medida va por la vía administrativa y disciplinaria. Les solicitaron a las autoridades que cierren el colegio campestre Los Laureles porque, a su juicio, incumplieron normas ambientales y de seguridad que llevaron a que Afanador perdiera la vida.Julian Quintana, abogado de la familia de Valeria Afanador Foto:CityNoticias”La tercera vía es la civil: interpondremos una demanda con el propósito de que el colegio responda por los daños y perjuicios ocasionados a la familia. Con estas acciones buscamos verdad, justicia y que nunca más se repita una tragedia como esta”, cerró el penalista.En la contraparte de este proceso, por lo menos a nivel penal, está el abogado Francisco Bernate, quien representará los intereses de Sonia Ochoa, rectora del colegio. En diálogo con este diario manifestó que para él no hay mérito alguno para que se tomen represalias contra su cliente, pero ya se están preparando para cualquier medida que llegue.El apoderado de la rectora, el penalista Francisco Bernate. Foto:Archivo particularLas opiniones de expertosEl exmagistrado Aroldo Quiroz, quien hizo parte de la Sala Civil de la Corte Suprema, le manifestó a EL TIEMPO que la primera medida es la penal, y les cabe a los directivos del colegio. Para ejemplificar la situación que podría venir contra ellos, nombró el caso del joven Sergio Urrego en Bogotá.Y resaltó que sumado a ello, en lo civil se podría derivar una responsabilidad que “tiene que ver con los familiares de la menor, que pueden demandar al colegio por la omisión y el bajo cuidado que tuvieron, lo que conllevó al fallecimiento. Ellos pueden decir que se les ha generado unos efectos extrapatrimoniales como el daño moral”.Bunker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Foto:Archivo El TiempoEn materia jurídica, según el exmagistrado esa afectación tendrá que ser detallada por el demandante: “Se hace un peritaje por parte del abogado de la familia y con fundamento en eso se acompaña la demanda. La reparación va cuantificada y el colegio tendrá que decir si está o no de acuerdo”.Por su parte, el abogado civilista Juan Pablo Giraldo, de Escudero Giraldo & Asociados, explicó que todo colegio tiene la obligación de vigilancia a sus alumnos, y que “los accidentes dentro o fuera de sus instalaciones son situaciones por las que si hay un daño, como en este caso, surge la responsabilidad de reparar el perjuicio”.A nivel penal, la abogada Laura Kamila Toro dijo que la responsabilidad eventualmente podría recaer sobre la rectora y el representante legal. “Hay que ver si cuando Valeria estaba en esa zona, estaba en alguna actividad o bajo la supervisión de algún profesor, caso por el cual también podrían ser responsables”, manifestó.Búsqueda de Valeria Afanador en Cajicá Foto:Suministrada por Bomberos de SopóSegún ella, la Fiscalía por ahora está investigando este hecho como un homicidio, ya sea culposo o con dolo eventual: “Hay unas figuras en el derecho penal sobre las cuales se puede hacer la imputación por homicidio, y en ese caso es en el que la familia de la víctima está buscando responsables”.Uno de los debates que hay es si los cerramientos en el terreno del colegio -una vez se reportó a Valeria Afanador como desaparecida- se dieron con autorización de entes locales. Para los bomberos, no fue así, mientras que el colegio ha sostenido que cuenta con todos los papeles al día.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com