“Hemos acabado con todos los autobuses que habíamos fletado, vamos a ver si podemos conseguir alguno más, porque todos están llenos”. Quien habla es Juan Monedero, médico jubilado y portavoz de Marea Blanca en Osuna y la Sierra Sur de Sevilla, una de las áreas rurales donde más acusada es la degradación de la sanidad pública andaluza. En cada una de las cinco manifestaciones que esta plataforma civil ha organizado en todas las capitales andaluzas para alertar sobre el deterioro de este servicio público a lo largo de la segunda legislatura de Juan Manuel Moreno, sus vecinos han sido protagonistas y también van a serlo en la sexta, que tendrá lugar únicamente en la capital andaluza y que, a diferencia del resto, también han convocado cuatro de los cinco sindicatos que forman parte de la mesa de negociación con la Junta de Andalucía: UGT, CC OO, Satse y Cesif.“Llevamos dos años reivindicando cuestiones profesionales, pero hemos constatado que el problema va mucho más allá, es un problema asistencial, no solo profesional. Todos, los profesionales y los usuarios de la sanidad pública tenemos problemas y la única manera que vemos para cambiar las políticas sanitarias es que el presidente Juanma Moreno vea la foto de una manifestación multitudinaria”, indica Antonio Macías, responsable del área de Sanidad de UGT-Andalucía sobre las razones que han movido a las organizaciones de trabajadores a impulsar una manifestación que hasta ahora habían secundado, pero nunca convocado. Se han fletado ya unos 200 autobuses en toda la comunidad, pero es probable que vengan más, aseguran los organizadores. Con esta movilización se quiere hacer ver al Gobierno de Moreno que los problemas de la sanidad pública andaluza no solo son una bandera que enarbolan los sindicatos o los partidos políticos, sino que es un asunto que ha permeado en toda la sociedad. Lo avalan las 100.000 firmas que entregaron al presidente popular en el Palacio de San Telmo hace 15 días de ciudadanos alertando sobre su deterioro.“La ciudadanía ha dicho que ya basta a unas políticas agresivas de la Junta contra la sanidad pública. Políticas que están provocando que las citas en la atención primaria se disparen a más de 15 días y en atención hospitalaria a meses o años, que la lista de espera quirúrgica sea un pozo sin fondo de acúmulo de desgracias, desigualdades e injusticias y una excusa para la privatización”, se lee en el manifiesto que todas las organizaciones convocantes de la manifestación han firmado. Pese a que desde la Junta se trata de minimizar los problemas de la sanidad andaluza, aludiendo a las inversiones millonarias en los últimos años, al refuerzo de la plantilla o al incremento en 1.000 millones del presupuesto para 2025, y sosteniendo que la situación de deterioro es generalizada y que todo se debe a una falta estructural de médicos en todo el país, el propio Moreno tuvo que reconocer el caos en la atención primaria: “Sé que conseguir cita con un médico de familia es a veces desesperante. Y les aseguro que estamos haciendo cambios para lograr que sea más fácil”.Esos cambios pasan por garantizar que las llamadas de los ciudadanos serán atendidas de manera telefónica en menos de 72 horas o por generalizar la continuidad asistencial -pasar consultas por la tarde- en todos los centros de salud. Medidas que, según la consejera responsable, Rocío Hernández, han permitido atender al 99% de las citas. Soledad Martín, pertenece a ese 1%, que, de acuerdo con los sindicatos es un porcentaje mucho mayor. “Cuando pido cita en Salud Responde para mi médico de cabecera me sale el mensaje de que no me la pueden gestionar y que recibiré un mensaje, pero, aunque sí me respondieron por teléfono, el caso es que hasta pasados 10 días no me vio la doctora”, dice esta usuaria de la zona sur de Córdoba. La Consejería de Salud no ha estudiado todavía si las respuestas telefónicas en menos de 72 horas a peticiones de citas, que pueden ser respondidas por médicos de otras provincias que nunca han tenido contacto personal con quien les consulta del otro lado de la línea, han servido para aliviar la carga de trabajo de los profesionales sanitarios que atienden en persona en los centros de salud. Pero Marta García, médica de familia lo tiene claro. “No tiene ningún efecto, genera pruebas en cascada porque el profesional no conoce al paciente por lo que, si le llama por un dolor abdominal, lo que hace es pedir otras pruebas que, si le atendiera in situ su médico, igual no pediría porque sabría a qué achacarlo, más allá de que se pierde la cercanía, esencial en la calidad de la atención primaria”, explica. García también pone en duda las afirmaciones de la consejera de que esa atención en 72 horas sirve para aliviar carga de trabajo, porque en ocasiones se hace para pedir una renovación de una receta. “Primero, que las renovaciones de las recetas no son el grueso de esas consultas, pero es que, esto no va de renovar a lo loco, los médicos de atención primaria somos los que sabemos si conviene renovar, si hay que cambiar la dosis, eso no lo puede hacer quien no conoce al paciente”.García tiene claro que si hasta ahora el protagonismo mayoritario de las manifestaciones lo tenían los ciudadanos y no los profesionales sanitarios es por un sentimiento de desmovilización generalizada “motivada por la sensación de maltrato por parte del sistema”. “Están tan mal que no tienen capacidad ni para protestar. Yo veo esa desmovilización en mis MIR y enfermeras, les están haciendo contratos de un mes después de haber estado siete años formándose, ese maltrato es insostenible”, sostiene. En su centro de salud, en Granada capital, al menos hay médicos que quieren hacer allí la residencia, en el caso de Osuna (180.000 habitantes, los mismos que San Sebastián), ni siquiera se lo plantean como opción remota. “En mi centro de salud de 14 médicos, solo estamos siete y menos mal que en estos últimos meses nos han traído a uno que ha terminado la carrera y que está esperando a mayo para elegir especialidad para la residencia”, cuenta un médico de familia que pide no dar su nombre.Incumplimiento de los pactosEste profesional explica cómo en las zonas rurales el deterioro de la sanidad pública es mucho más acusado. “La periferia es mucho más complicada, si la atención primaria ya no atrae en los núcleos urbanos, aquí menos, la mayoría de los que llegan son extracomunitarios”, indica. Una de las medidas que se incluían en el pacto de atención primaria que la Junta firmó con los sindicatos el 22 de mayo de 2023, días antes de las elecciones municipales, eran los incentivos profesionales y económicos para los profesionales que trabajaran en zonas de difícil cobertura, como la sierra sur de Sevilla, además de mejoras en el acceso a la carrera profesional, iniciativas que no se han cumplido en estos años y que son las que han llevado a los sindicatos a movilizarse también.“Ya hicimos un paro de tres horas en protesta por el incumplimiento de los acuerdos”, recuerda José Sánchez, secretario general de Satse Andalucía. Tras el relevo en la Consejería de Salud a finales de julio pasado, los sindicatos decidieron darle un voto de confianza a la nueva consejera, aunque en las últimas semanas se han sucedido los encierros y concentraciones en distintos hospitales y centros de salud de la comunidad en protesta por los contratos precarios del Servicio Andaluz de Salud, pero tras constatar esta misma semana que ella no respalda el acuerdo para la nueva carrera profesional, se han reafirmado todavía más en la necesidad de manifestarse. “Estamos peleando por los contratos, necesitamos personal y experiencia, pero eso no se consigue con contratos de un mes, que perjudica la calidad de atención a los pacientes que no tienen confianza en los profesionales porque van cambiando en cada cita, y también les afecta a ellos, que no pueden comprarse un piso porque no saben dónde estarán dentro de unas semanas y están todo el día en la carretera sin poder conciliar”, añade Sánchez.En el manifiesto también se alerta sobre la paulatina privatización de la sanidad pública impulsada desde la Junta con la excusa de la saturación de las listas de espera para cuya reducción ha ido extendiendo durante cinco años, desde 2020, la contratación de emergencia, que permite conceder a dedo adjudicaciones sanitarias a las entidades privadas y que ahora está siendo investigada en los juzgados. Con este sistema, un plan de choque a que se consignaron 283 millones, de los que el 42% se ha destinado a conciertos sin libre concurrencia con la sanidad privada, la Junta asegura que se han reducido en un 50% las listas de espera quirúrgicas para los pacientes que estaban fuera de plazo -aunque el objetivo era llegar al 60%-. Antonio Martín Melero, el acalde de La Puebla de Cazalla (10.817 habitantes) no está en esa lista porque desde que hace cinco años un mal giro le produjo un desplazamiento de una de sus vértebras, el neurólogo le desaconsejó operarse por ser todavía joven (tiene 70 años). A finales de este año en una resonancia comprobaron que ya eran cinco las vértebras afectadas, pero le advirtieron de que la espera para acceder a la unidad del dolor era de 18 meses. “Un médico del hospital de Osuna que conozco me gestionó una infiltración para el 29 de enero pasado, la siguiente debía ser para dentro de 20 días, me la van a poner mañana, 4 de abril. Yo tengo suerte porque conocía al profesional, pero muchos en mi pueblo no. Si los quirófanos estuvieran operativos al 100%, si hubiera más profesionales, esto no pasaría, por eso vamos a manifestarnos el sábado”, indica el regidor de IU.

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