Los 54 funcionarios sandinistas del terror: la ONU revela los nombres de los represores en Nicaragua

En la más reciente actualización de su informe sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, el Grupo de Expertos de Naciones Unidas ha revelado por primera vez una lista con nombres y apellidos de 54 funcionarios sandinistas involucrados en la mortífera y sostenida represión desde 2018 contra toda persona considerada crítica. Entre ellos sobresalen 11 militares, ministros, asesores presidenciales, diputados, magistrados, secretarios políticos, alcaldes y paramilitares. El listado representa el señalamiento más directo, documentado y pormenorizado contra el aparato represivo del régimen hasta la fecha.Presentado en Ginebra este jueves 3 de abril, el informe del Grupo de Expertos concluye que todos estos funcionarios desempeñaron un papel fundamental en la ejecución de políticas de represión, vigilancia, tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, despojo de nacionalidad y confiscación de bienes. Todos actuaron en coordinación y respondiendo al dictado de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes dirigen el aparato de mando represivo que, solo en 2018, el año de las masivas protestas sociales, ejecutó a más de 350 personas con disparos letales dirigidos a sus cabezas, cuellos y tórax. Pero además se suman casi 900.000 nicaragüenses desplazados a otros países en los últimos siete años como consecuencia de la persecución política y la precariedad económica aparejada a la falta de libertades.De acuerdo con el Grupo de Expertos, los ahora “copresidentes” comandan una estructura de poder sin contrapesos, que ha subordinado todos los poderes del Estado al Ejecutivo. La reforma constitucional de febrero de 2025 consolidó este control al eliminar de facto la separación de poderes y otorgar poderes casi absolutos a la Presidencia ocupada por los Ortega-Murillo, contextualiza el informe del Grupo, que es dirigido por el abogado Jan-Michael Simon. Pero también cuenta con nuevos integrantes como Reed Brody, otro jurista estadounidense reconocido por su labor en la lucha contra la impunidad de violadores de derechos humanos, razón por la cual es apodado el “cazadictadores”. Policías, periodistas y manifestantes se enfrentan durante protestas antigubernamentales en septiembre de 2018, en la capital nicaragüense. Carlos Herrera (picture alliance / Getty)“Lo que descubrimos es un sistema de represión estrechamente coordinado, que se extiende desde la Presidencia hasta los funcionarios locales”, sostuvo por su parte Ariela Peralta, una experta del equipo, durante la presentación del informe en Ginebra, donde también el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó el mandato de los expertos para seguir sus pesquisas.La cadena de mandoSimon dijo que lo que el informe reconstruye “no son incidentes aleatorios o aislados, sino que responden a una política de Estado deliberada y bien orquestada, que es llevada a cabo por actores identificables a través de cadenas de mando definidas”. Las órdenes se ejecutaban mediante una red de mandos que incluyó a la Policía Nacional, bajo el mando de Francisco Díaz Madriz (consuegro de la pareja “copresidencial”) y el subdirector Ramón Avellán, ambos encargados de operativos de detención, represión de protestas y ejecuciones extrajudiciales.Y aunque los militares lo no nieguen repetidamente, el Grupo señala también al Ejército de Nicaragua, dirigido por Julio César Avilés Castillo, que colaboró en la logística y vigilancia, y facilitó el uso de armamento letal a los grupos paramilitares. Apuntan además al Poder Judicial, encabezado por Marvin Aguilar García, que garantizó impunidad judicial mediante juicios amañados y la aplicación de leyes represivas.De izquierda a derecha: Rosario Murillo, Daniel Ortega y el General Julio César Áviles Castillo en una ceremonia militar en Managua, en septiembre de 2020.NICARAGUA’S PRESIDENCY (Reuters)En otro renglón aparece el Ministerio Público, liderado por Ana Julia Guido hasta 2024, fue responsable de la fabricación de cargos y persecución penal selectiva. El Ministerio del Interior y la Dirección General de Migración y Extranjería, ejecutaron la cancelación de nacionalidades y prohibiciones de entrada. La Asamblea Nacional, presidida por Gustavo Porras, aprobó leyes para legalizar la represión y justificar la persecución de disidentes. Todos estos funcionarios, policías y militares leales hasta el tuétano a los Ortega-Murillo.Las otras estructuras paraestatalesEl Grupo de Expertos destaca que esta red no opera sólo desde el Estado, sino que también involucra a estructuras partidarias del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y grupos armados progubernamentales que actúan con impunidad. La Juventud Sandinista, por ejemplo, fue utilizada como brazo operativo en la vigilancia, hostigamiento y represión de manifestaciones.A su vez, el FSLN ha consolidado una red de secretarios políticos a nivel nacional, departamental y municipal que sirven de puente entre las órdenes del Ejecutivo y su implementación territorial. El informe documenta cómo estas estructuras partidarias están integradas funcionalmente al aparato estatal, con líneas de mando paralelas que conectan ministerios, alcaldías, universidades públicas, centros de salud y comités locales con el partido oficialista. Estas relaciones permiten la ejecución de tareas represivas de forma coordinada, incluyendo el uso de bienes públicos para fines partidarios, la infiltración de instituciones educativas y la creación de redes de informantes civiles.Los grupos armados progubernamentales, que operan sin uniforme y con respaldo logístico estatal, desempeñaron un rol clave durante las protestas de 2018, y desde entonces han sido utilizados en acciones de intimidación, vigilancia y agresión contra disidentes. Según el informe, estos grupos fueron entrenados y financiados por instituciones del Estado, incluyendo el Ejército y la Policía Nacional. Y a la postre, recientemente, legalizados por la reforma constitucional de febrero pasado y juramentados en plaza pública por Rosario Murillo, para un total de 76.800 efectivos encapuchados que este primero de abril salieron a las calles de los municipios de Nicaragua a contrarrestar las conmemoración del séptimo aniversario de las protestas de 2018.Miembros de los llamados ‘policías voluntarios’ en Masaya, Nicaragua, durante las protestas de 2018.Hector GuerreroLos expertos de la ONU sostienen que estos hallazgos no constituyen una condena judicial, pero representan una base sólida para iniciar investigaciones penales. Argentina ya ha iniciado procesos de justicia universal contra Ortega, Murillo y varios de los implicados. El Grupo de Expertos está dispuesto a colaborar con autoridades judiciales internacionales. Por su parte la plataforma de organizaciones civiles, aglutinadas en el Colectivo 46/2 celebró la extensión del mandato del grupo.“La resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que hoy renueva el mandato del Grupo de Expertos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es un paso clave en la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento del sistema internacional de los derechos humanos”, dijo Claudia Pineda, directora de la ONG Unidad de Defensa Jurídica. “Garantiza la documentación y preservación de pruebas sobre las violaciones de derechos humanos, asegurando que los crímenes sean investigados y sus responsables identificados”.