El exmagistrado y constitucionalista Manuel José Cepeda habla con preocupación del proyecto de asamblea constituyente. Dice que mientras la Constitución del 91 fue fruto de fuertes consensos, la que proponen ahora es una imposición del Gobierno y eso le resta legitimidad.Dos temas para discutir con un constitucionalista como usted. La propuesta de la asamblea constituyente y el episodio de los presos a los que sacaron de las cárceles para que le fueran a hacer barra al Presidente en su reciente visita a La Alpujarra.Empecemos por cualquiera de los dos, porque me parece que están conectados. Recordemos que el presidente Barco hundió una reforma constitucional porque introdujeron a ella un referente sobre el tema de la extradición. El presidente Barco argumentó que los votantes no podrían acudir libremente a las urnas, porque uno no puede someter al pueblo a una votación cuando hay crimen organizado interesado en el proceso. Y entonces Barco hundió el proceso.Pues es que la gente no acaba de digerir, doctor Cepeda, la aparición de los jefes de las bandas delincuenciales más peligrosas de Antioquia y de Medellín debutando con el Presidente de la República, como si fueran su principal fortín político, nada menos que en La Alpujarra, el centro administrativo de la capital antioqueña. Ahora anuncian que quieren hacer campaña electoral…Pues allí podría generarse una interferencia para el voto libre de los colombianos.Y al mismo tiempo hay mucha confusión con la tal asamblea popular constituyente, luego de que hasta plata le metieron al proceso de una consulta popular que nunca fue viable. Petro de alguna manera quisiera repetir etapas que se dieron en el proceso que se generó a partir de la llamada séptima papeleta. Ha manifestado su deseo de apoyarse en el pueblo, como lo hizo César Gaviria. ¿Es cierto que aquí cabría un proceso semejante?No. Las diferencias fundamentales son las siguientes: la primera es que en el proceso del 90-91, ninguno de los dos presidentes, Barco o Gaviria, impusieron nada. Ahora el Gobierno pretende imponer la llamada ‘octava papeleta’.¿Y la otra diferencia?Es que ese fue un movimiento estudiantil, autónomo, no fue convocado desde Presidencia de la República, ni movilizado ni impuesto por ella. Realmente lo importante fue la autonomía, la espontaneidad, el propósito constructivo en beneficio de todos, que le dio legitimidad a ese proceso llamado de la séptima papeleta. Lo importante no fue la papeleta misma, porque como se recordará, en la votación de marzo de 1990 la llamaba séptima papeleta no se contabilizó. Lo importante fue, repito, que el movimiento fue autónomo y espontáneo, no dirigido.¿No será que eso es un poco lo que pretende la madre putativa de esta nueva constituyente, el ministro Montealegre? Crear un precedente de origen popular, como resultado de que el Gobierno impulse y financie esta campaña y se recojan unos voticos, como justificación de la legitimidad del proceso?Pues, si eso es lo que se busca, ya perdió toda la legitimidad, porque es un proceso impuesto por el Gobierno. En cambio, en la época de los noventas, después de la séptima papeleta hubo lo que se llamó el segundo tarjetón. Menos conocido, pero el segundo tarjetón fue la tarjeta electoral que se depositó en las elecciones de 27 de mayo; es decir, para Presidente de la República hubo un tarjetón, y hubo un segundo tarjetón para el tema de la Asamblea Constituyente. Eso fue autorizado, no impuesto, fue autorizado por el Gobierno para que la gente, espontáneamente, depositara ese tarjetón. Y se hizo todo previo acuerdo político.¿Pero ese segundo tarjetón era para decir sí o no a la constituyente, o para elegir a los constituyentes?Para decir sí o no a la constituyente. Porque para elegir los constituyentes hubo otro acuerdo político que se votó el 9 de diciembre de 1990. Siempre con acuerdo político previo, siempre. Entonces, para el origen de todo esto, que fue la propuesta del presidente Virgilio Barco sobre un plebiscito para que la Constitución pudiera ser reformada por fuera del Congreso, hubo un acuerdo posterior con el entonces jefe de la oposición, Misael Pastrana Borrero; ese acuerdo fue suspendido por el Consejo de Estado, e inmediatamente el Gobierno aceptó parar el proceso. Luego, cuando ya vino el proceso de la séptima papeleta y después la tarjeta del 27 de mayo, ahí los estudiantes, en coordinación con el Gobierno y también con el ministro, trabajaron en que todos los candidatos presidenciales firmaran el texto de lo que sería el segundo tarjetón del 27 de mayo. Para las votaciones del 9 de diciembre, el presidente Gaviria convocó a todos los partidos representados en el Congreso que hubieren rechazado públicamente la violencia política y con ellos se firmó el gran acuerdo, con todas las reglas de juego, y fueron los partidos los que convocaron al pueblo a la votación del 9 de diciembre, no el Gobierno; el Gobierno solamente facilitó que hubiera un proceso. Menciono una diferencia adicional fundamental, y es que a lo largo de todo el proceso 90-91 se dijo, expresamente, que antes de cualquier votación, se esperaría el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y así sucedió.Recordemos que no había Corte Constitucional, ¿no?Exactamente, y entonces el juez constitucional era la Corte Suprema. En ambos casos la Corte dio el aval. Respecto del tarjetón que se votó el 27 de mayo, el fallo de la Corte Suprema fue unánime, y respecto de la votación del 9 de diciembre para convocar y elegir constituyentes, el fallo salió raspando por la mayoría precaria de un voto de diferencia. Pero siempre se acató. Se esperó el fallo de la justicia, y se hizo lo que la justicia dijo. Por ejemplo, en el fallo relacionado con la votación del 9 diciembre, la Corte Suprema de Justicia manifestó que no podía haber un temario para esa asamblea y el Gobierno acató inmediatamente el fallo. Siempre se invitó a un fallo previo, no como se intentó por ejemplo con la consulta, para la que se buscó que hubiera un fallo posterior a la votación. En el proceso que llevó a la Constitución del 91 hubo una actitud totalmente diferente, de respeto al Estado de derecho, de respeto a las cortes, de respeto a las reglas de juego.Resulta que, según lo ha confesado en público, a Petro no le gustan los consensos. Y como usted dice, la virtud fundamental de la Constitución del 91 es que fue fruto de un consenso muy grande, entre grupos bien antagónicos…Exactamente.Pero, según reveló ‘Cambio’ en excelente artículo que bautizó ‘La octava pataleta’, Petro dijo que habría preferido ver entrar al salón donde se discutía la Constituyente, los tanques de guerra, antes de que se alcanzara ese texto por consenso porque por consenso no hay revoluciones populares. ¿Qué tal?Pues la maravilla de la Asamblea Constituyente del 90-91, como usted lo anota, es que fue amplia, pluralista, muy representativa, con grupos no solo políticos diversos, sino independientes, participación de indígenas, representación de estudiantes (hubo pocos, pero estuvieron allí), y luego el proceso de la labor de la Constitución fue por consenso, porque la Asamblea Constituyente tuvo una presidencia tripartita, con Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa y Antonio Navarro; y eso facilitó unas negociaciones para que se pudiera crear una Constitución muy progresista, muy garantista, fortaleciendo las instituciones por consenso. Lo esencial de la Constitución del 91, además de que fue por consenso, es que no se hizo contra nadie, no se hizo para derrotar a nadie, es la primera Constitución donde no hay ni vencedores ni vencidos. No se usó la Constitución para atropellar ni doblegar a nadie, fue para proteger y darles garantías a todos.En cambio, ahora sería para atropellar a todo el mundo, sobre todo a los que no acompañen a Petro…Exacto. Entonces esa no es una Constitución para Colombia. No es un proceso para Colombia. Es otra cosa. Es un proceso condenado a fracasar. Se hace en un contexto en el que, en lugar de avanzar, retrocedemos: retrocedemos en la protección de derechos, retrocedemos en el consenso, que es tan importante en un sistema político, retrocedemos en la legitimidad de las instituciones, porque se debilitarán. Entonces dice uno: ¿bueno, para qué proponer un proceso en el que se retrocede en todo esto?Pasemos de aquí al episodio en el que fueron liberados unos peligrosos cabecillas para que aparecieran en la tarima con el Presidente en Medellín. Y que ahora están pidiendo pista para participar activamente en las campañas de Congreso y de la Presidencia. ¿Usted considera que eso tiene una base legal? ¿Eso es factible?No me parece que tenga un fundamento legal sólido. No existe una ley de sometimiento de organizaciones de delincuencia común. Se intentó, pero no ha sido aprobada por el Congreso, o sea, no existe un marco para un proceso de esta naturaleza. Se invocan unas normas, pero realmente el fundamento es muy débil. Lo segundo es que estando Miguel Uribe luchando por su vida, precisamente porque una banda urbana atentó contra ella, se suben a la tarima presidencial quienes han sido líderes de bandas de delincuencia urbana. Eso demuestra un total desprecio por las víctimas. Es difícil concebir un mayor desdén por su sufrimiento.Sí. Para las víctimas estar viendo a sus verdugos ahí parados al lado de Petro, echando discursos durante dos horas, pues debe ser bastante duro….Exacto. Entonces, no es que no queramos que se avance en un proceso de estos, sería magnífico que pudiera haber desmovilización de bandas urbanas, excelente, pero tiene que hacerse dentro de un marco jurídico sólido, discutido democráticamente en el Congreso y con unos parámetros para determinar si hay condiciones que se estén respetando o no.Pero este proceso no tiene marco…No tiene condicionalidad, no se sabe a dónde va a llegar, ni en qué momento se entienden cumplidas las condiciones a las que eventualmente han llegado o llegarán: no sabemos cuáles son.¿Usted encuentra factible que un ministro de Justicia y una senadora puedan ir a una cárcel y darle una orden al director del Inpec para que les preste unos presos durante un rato, para lo que sea? Para delinquir, para hacer obras de caridad, para elevar unos globos, o para hacerle campaña al Presidente? ¿Eso es factible legal y constitucionalmente?No, de ninguna manera, y a la fecha no ha sido divulgado el acto administrativo de autorización ni la motivación que justificó ese acto. No hay ningún fundamento que se haya hecho público, porque realmente no existe.¿Cuáles serían los efectos, usted diría, de que estos tipos salieran de las cárceles a hacer campaña? ¿Eso no rompe con todas las garantías electorales?Sin duda. Y hay una regla fundamental: que no se puede mezclar política con armas. Mientras existan grupos armados activos, pues no puede haber un proceso electoral con participación de esos grupos. Otra cosa es que haya una terminación de un proceso, que haya una desmovilización completa, con verificación de esa desmovilización. Ahí estaríamos en un escenario distinto, pero hasta ahora, como digo, el Congreso no ha aprobado el marco de desmovilización de estructuras de crimen organizado de delincuencia común.Pero, además, es como una presión indebida por parte de un funcionario administrativo (el ministro) y una funcionaria política (la congresista) contra el director de una cárcel. Eso nunca lo habíamos visto…Sin duda, eso nunca se había visto. Pero eso se suma a una pregunta que me parece muy compleja: ¿cuáles son las garantías que va a dar este gobierno para las elecciones del año entrante?Pero si ya llamó sedicioso al Registrador…Exactamente. Esa pregunta es fundamental, porque una de las principales obligaciones de todas las instituciones que participan en un proceso electoral es dar garantías de que habrá un proceso electoral limpio, en paz, donde las personas van a poder ir a votar sin ninguna amenaza. Tiene que haber garantías para que eso ocurra.Sí. Además, el presidente Petro estaba buscando un atentado para justificar en caso de que a él le dé por decir que no hay garantías. Sobre este atentado, que según Petro no es un chisme sino un complot, en EE.UU. nadie acepta estar participando en tumbar al presidente de Colombia; y a los que Leyva graduó de coordinadores, pues Vicky Dávila dijo categóricamente que jamás había hablado con Leyva de algo semejante, Miguel Uribe está en coma y Francia Márquez, quien también lo niega, debe estar viajando…Ahí lo que hubo fue una iniciativa de un exministro, que fue inmediatamente rechazada por los Estados Unidos y comunicada por los Estados Unidos al propio Gobierno colombiano.¿Usted sí cree que fue comunicada por ellos?Es lo que informan, no sé si habrá sido cierto o no. Pero todo indica, eso me parece fundamental, que es una iniciativa del exministro y no más, hasta ahí llegó. Y lo segundo fundamental es que hay una reacción en todo el país, incluso de los que se oponen al gobierno del presidente Petro, solicitando que termine su periodo con las garantías del caso.Me incluyo en esa descripción: integro el grupo de opositores que exigen que Petro termine su periodo.Exactamente; o sea, en Colombia no hay ningún apoyo a un movimiento de esa naturaleza, por más que venga de un exministro. Ningún apoyo. En Colombia somos institucionales, queremos que los periodos terminen; sean buenos o malos, todo el mundo lo dice: que termine su período el Presidente. Nos gusta esa estabilidad. Entonces, ha habido un rechazo unánime a esa conducta individual de un exministro.Ahora necesitamos, como me lo dijo antes, que nos den garantías para las elecciones…Por eso debemos rodear a la Registraduría y apoyar a todas las instituciones que van a garantizar que haya unas elecciones en 2.026, donde la oposición y los oponentes puedan participar y los ciudadanos votar libremente.MARÍA ISABEL RUEDAEspecial para EL TIEMPO