La protección de menores en Cataluña, un sistema frágil ante las redes de pederastia | Sociedad

Fueron los educadores que tenían más contacto con ella los que detectaron que algo no iba bien. Una niña de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), procedente de un ambiente desestructurado y con pocos recursos, y que estaba bajo la guarda de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAiA), se presentaba al centro con unas zapatillas de marca y complementos nuevos y caros que por sí sola no se podía permitir. Esos detalles, y sus conversaciones de contenido sexual a través de la aplicación Badoo, activaron las alarmas. Al tirar del hilo, los educadores vieron en el móvil de la víctima imágenes y vídeos que les descubrieron el horror que, hasta ese momento, había pasado desapercibido. La menor de edad fue captada en 2020 con 12 años por una red de pederastia en la que llegó a haber 24 víctimas más, y que lideraba Teófilo L. M., un electricista de 45 años a quien la Fiscalía solicita 107 años de cárcel, que cometía las agresiones sexuales, grababa y difundía vídeos y ofrecía a las víctimas a otros hombres para que hicieran lo mismo. Hay 16 investigados. Esta semana han trascendido más detalles de esta red que operó al menos hasta 2021. Los nuevos detalles han arrojado luz sobre una realidad que suele quedar en el ángulo ciego de la sociedad: el sistema de protección a la infancia tiene unas dinámicas extraordinariamente complejas y la misión de detectar cuando algo no va bien, pero sufre un cóctel de precariedad, falta de recursos, servicios externalizados y plantillas con mucha vocación pero desmotivadas —casi la mitad de los educadores sociales buscan otro empleo, según un estudio del Colegio de Educadores de Cataluña— que explican, en parte, que a veces se llegue demasiado tarde.El caso Damocles es uno de los mayores casos de pederastia de los últimos años en Cataluña. Tenía como epicentro un piso en la calle Unió del barrio barcelonés del Raval. El agresor, que tenía antecedentes por prostitución infantil, alquilaba este apartamento para citar allí a sus víctimas, grabarlas y captar a otras, la mayoría varones, mediante aplicaciones de citas. También allí concertaba encuentros con otros perpetradores. La primera de las víctimas fue esta chica de 12 años, que conoció al principal acusado cuando todavía vivía con sus padres, y que fue violada repetidas veces y usada como cebo para otras víctimas. En 2021, y tras detectar el caso sus educadores, la familia interpuso una denuncia.La niña, que había sufrido acoso escolar, quedó bajo la guarda de la DGAiA cuando ya estaba sometida al electricista. Su madre enfermó de cáncer (posteriormente murió) y su padre no pudo hacerse cargo de ella. Estuvo bajo la guarda institucional durante menos de un año, durante el cual vivió en un centro abierto en el que los padres, que retuvieron la tutela, podían entrar y salir. Fue en ese periodo en el que se detectó el caso.De las 25 víctimas que se han identificado, solo ella era una menor que en algún momento estuvo bajo la protección de la DGAiA. Pero esto ha sido suficiente para que parte de la sociedad civil y de la política haya pedido una revisión integral del sistema y una transformación del organismo de tutela. La consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, lo ha asumido como un compromiso propio, y ha asegurado que desde que llegó al cargo, en agosto del año pasado, lo tiene como una prioridad. La Generalitat ha abierto un expediente para investigar la actuación de la DGAiA en el caso de abusos, y quiere presentarse como acusación popular en el caso. El Parlament también creará una comisión de investigación, y la consejera, que prevé exponer su plan en las próximas semanas, comparecerá ante la cámara catalana. Hay precedentes que explican que la carpeta de la transformación de la DGAiA ya estuviese abierta incluso antes de conocerse el caso de pederastia. Uno de ellos es que no es la primera vez que algo así ocurre: en 2015 se destapó el caso Trinity, una red de pederastia internacional nacida en Tortosa (Tarragona) con un centenar de víctimas, entre ellas siete menores tuteladas. La constatación de que los agresores se aprovechan de los más vulnerables, y de que ha fallado una de las medidas impulsadas entonces para prevenir abusos —la figura de un delegado de protección contra la victimización en cada centro— es uno de los argumentos para revisar el sistema en este aspecto. Miquel Miquel es un educador de 35 años que cree que lo ocurrido podría haber pasado igualmente aunque hubiese más recursos, aunque admite que se podría haber detectado antes. Resume el problema en que los centros no están coordinados entre sí ni con la Dirección General, y apunta que la misión de los centros es muy compleja: parecerse lo máximo posible a un hogar, con las libertades y responsabilidades que ello implica: “Los educadores no somos controladores. Tenemos que hacer que vivan con cierta normalidad, y esto significa generar un vínculo de confianza. Si tienen la sensación de que los juzgas, los pierdes”. Por este motivo, y aunque le sorprende, entiende a los educadores que no se opusieron a que la menor, un tiempo después de estar en la red, decidiese ir a vivir con su novio de 25 años. “Tienes que aceptar parte de su realidad para seguir trabajando con ellos”, apunta.Descoordinación y precariedadOtros motivos para la revisión del sistema no tienen que ver con casos de pederastia, sino con supuestas irregularidades en la gestión. La Oficina Antifraude de Cataluña está investigando a la DGAiA por presunto fraude en las prestaciones que la Generalitat otorga a los jóvenes extutelados, mediante entidades privadas que las gestionan, para que afronten su salida del sistema cuando cumplen la mayoría de edad. Esto, junto con un informe de la Sindicatura de Cuentas que alerta de posibles irregularidades de gestión entre 2016 y 2020, ha puesto en alerta a la conselleria.Vista la envergadura de la transformación necesaria, extraña menos que la titular de Derechos Sociales cesara el pasado mes de marzo a la directora general y al subdirector de la DGAiA seis meses después de nombrarlos, para buscar un perfil “más gerencial”. “La DGAiA es el último recurso para cuando antes nada ha funcionado”, resume Isabel Caire, responsable del sector de la Generalitat en CC OO, quien pone el foco precisamente en que no solo tienen que transformarse los centros, sino poner todos los recursos en las fases previas, de prevención. “Hay que dotar bien a la primera línea, que son los servicios sociales de cada Ayuntamiento, y los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA) de estos servicios sociales”, señala. Son estos equipos —financiados por los entes locales y no por la Generalitat— los que, cuando el trabajo con la familia no funciona, derivan a los menores a los centros de la DGAiA. Según los últimos datos del mes de abril, en el sistema de protección hay cerca de 20.000 niños y adolescentes que tienen algún tipo de expediente de protección abierto por la DGAiA, de los cuales 8.867 tienen alguna medida protectora (tutela o guarda); 5.249 menores están acogidos en algún tipo de recurso residencial. Hay un abanico de opciones, algunos centros ofrecen asistencia más puntual o especializada, otros son pisos semiautónomos para jóvenes de más edad, y otros son centros de acogida integral. Entre estos últimos, hay 25 centros de acogida, 124 centros residenciales de acción educativa (CRAE), siete centros residenciales de educación intensiva (CREI) o 15 casas infantiles, el servicio en el que estaba la menor abusada. “El menor no siempre va al servicio que necesita, sino al que tiene una cama libre. Tendría que haber centros más especializados, sobre todo de salud mental”, apunta Caire. En ello coincide Joaquín Seisdedos, delegado de infancia de UGT, que apunta que en el sistema hay unos 500 menores con problemas serios de salud mental que no cuentan con un recurso específico. Seisdedos cree que es necesaria más coordinación dentro de la DGAiA, así como con los cuerpos de seguridad y con el departamento de salud, y que falta más financiación. “Y en infancia no se puede mantener la política de privatización”, apunta. Servicios externalizadosDe todos los centros que hay, solo 11 están gestionados directamente por la Generalitat, y el resto lo gestionan entidades, empresas privadas o fundaciones, que reciben financiación pública (unos nueve euros por niño y noche). La falta de recursos en el circuito concertado deriva en plantillas sobrecargadas, horarios muy complicados, agresiones frecuentes, sueldos muy bajos —el convenio que mayormente se aplica es el de Acció Social, caducado desde 2018 y que entonces marcaba un sueldo de entre 1.300 y 1.644 euros brutos para los trabajadores, según su nivel de estudios—, y un sentimiento de frustración que a veces se impone a la vocación. Según el estudio del Colegio de Educadores Sociales de Cataluña, casi la mitad de estos profesionales busca trabajo, y más de un tercio no volvería a estudiar la carrera, en parte porque las salidas laborales no son las que esperaban. “Los salarios son ridículos en comparación con los de Educación y Salud, y las ratios y las condiciones son muy duras”, recuerda Xavi Campos, gerente del colegio, quien señala que esta realidad lleva a muchos a buscar otro empleo: “Y en nuestro trabajo es fundamental generar un vínculo con el menor de edad, que se rompe cada vez que un trabajador se va”. ¿Tiene esta precariedad del sistema alguna responsabilidad en lo ocurrido con la red de pederastia? Algunos creen que no hay una correlación directa. “El problema está en la sociedad, en los agresores, ahí debería estar el foco”, dice Campos, algo que secunda Elisenda Xifre, presidenta de la federación de entidades del sector, Fedaia: “El sistema se tiene que mejorar, pero no podemos vincular este debate con lo que ha ocurrido”. A otros, sin embargo, no les sorprende que haya ocurrido: “Es la crónica de una muerte anunciada, fruto de muchas cosas que deberían haberse hecho hace décadas. Faltan muchos recursos para la detección”, dice Seisdedos. Los acusados sabían que la víctima era menor: “Tiene 13, vale eso y más” Dani CorderoTeófilo L. M. ocultaba su papel de líder en la trama de pederastia investigada por el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona bajo una aparente normalidad trabajando en su oficio, electricista. No obstante, en 2021, cuando se produce la denuncia de la niña a la que empezó a violar y a ofrecer a otros pederastas desde que ella tenía 12 años, el acusado ya arrastraba desde hacía más de una década antecedentes policiales por prostitución infantil. En el registro efectuado en el piso de Ciutat Vella donde operaba se encontraron videos pedófilos grabados por otras personas desde 2016.  
El caso que instruye el juez Francisco Miralles se divide en tres piezas diferentes en las que estarían implicados 16 acusados. Según el atestado policial, al que ha tenido acceso Efe, los integrantes de la red de pederastia sabían, por los mensajes que intercambiaron, que la niña tutelada era menor. “Tiene 13, vale eso y más” o “¿Esta es tu primera niña de 14?“ son algunos de los mensajes. Los investigados, según se desprende del sumario, eran conscientes de que la menor estaba en una situación de vulnerabilidad: “Está en un centro, lo tiene mal para quedar”, señala uno en un mensaje. 
En la pieza principal, y la más avanzada, se solicitó una pena de cárcel de 107 años por parte de la Fiscalía, en cuya acusación se describe también la participación de otro menor de 14 años en un vídeo que es utilizado como prueba. Esa actuación se investiga en otra causa judicial, en la que también se investiga a un hombre de 25 años del que se han podido tener detalles a través de los autos efectuados por la Audiencia de Barcelona para denegar sus peticiones para salir de prisión.
Se trataría de un repartidor, que tenía una pareja de 21 años y un hijo pequeño, y que “trabaja con el alta de autónoma de su esposa”, que en ese momento, el verano de 2024, cuidaba de su hijo recién nacido. En uno de los autos de resolución de la petición de libertad, el ponente de la Audiencia de Barcelona señala “el alto riesgo de fuga” del acusado, que argumentaba para su defensa que la menor aparentaba ser mayor de edad. Esa argumentación no solo fue refutada por el autor del auto que denegaba su salida de prisión, sino por otro de los investigados y encarcelados, que reconoció haberse sentido “un poco incómodo” por la corta edad de la víctima. El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico016-online@igualdad.gob.esy por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.