La 4T se blinda: Sheinbaum publica decreto contra suspensiones por controversias constitucionales

El jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución, el cual establece las normas para las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).“Tratándose de controversias constitucionales planteadas respecto de normas generales, en ningún caso su admisión dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada” estipula.Esta nueva reglamentación regirá a los nuevos ministros y ministras que resulten elegidos en la elección judicial y tomen protesta el próximo 1 de septiembre del 2025. La actual Corte se seguirá rigiendo bajo la Ley Reglamentaria anterior al decreto del jueves.Foto: Archivo CuartoscuroEntre sus adiciones, la reforma marca que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad cuando tengan por objeto controvertir adiciones o reformas a la Constitución.Esta reforma es producto de una iniciativa presentada por la presidenta de la República.Blindaje de la 4TDurante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la Suprema Corte otorgó diversas suspensiones contra reformas promovidas por el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, por ejemplo la reforma electoral conocida como “Plan B”.En marzo del 2023, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Láynez Potisek, otorgó una suspensión contra el “Plan B”, impulsado por AMLO. Esta suspensión derivó por una controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional Electoral.Otro caso es la suspensión otorgada en 2022 contra el acuerdo del Ejecutivo que considera de interés público y seguridad nacional las obras y proyectos del gobierno federal, publicado en el DOF el 22 de noviembre del año anterior.Foto: Archivo CuartoscuroEn esa ocasión, la suspensión la otorgó una jueza y se debió a una controversia constitucional que el hoy extinto Instituto Nacional de Transparencia (INAI) promovió ante la Corte, al considerar que el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador vulneraba el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad, como consecuencia de catalogar las obras como asuntos de seguridad nacional.