Iberdrola reclama 324 millones por la subida de la tasa de residuos radiactivos en pleno debate sobre el cierre de las nucleares | Clima y Medio Ambiente

La clave en el ruidoso debate sobre el futuro nuclear en España no es la ideología, son los números: ¿salen las cuentas para que siga siendo rentable que las cinco centrales del país operen más allá de lo previsto en la planificación energética aprobada por el Gobierno y avalada por Bruselas? Y para hacer esas cuentas, un factor determinante es el coste milmillonario de la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento futuro de las centrales, que les resta competitividad frente a las renovables y el almacenamiento eléctrico. Esa gestión deben asumirlas las grandes eléctricas, propietarias de las nucleares, a través de unas tasas que fija el Gobierno y que gestiona una empresa pública: Enresa. El Gobierno, tras actualizar el desfasado plan nacional de residuos radiactivos, aprobó en junio un incremento de la tasa del 30%. Y en mitad del debate sobre el cierre de las centrales, una de las propietarias, Iberdrola, ha presentado una demanda por la vía contencioso-administrativa contra Enresa en la que le reclama 323,94 millones de euros por daños y perjuicios por esa subida.Iberdrola —al igual que Endesa, Iberenergía y Foro Nuclear (el lobby que agrupa los intereses de la industria nuclear)— ya había abierto una vía judicial contra el Gobierno por la subida de la tasa derivada de la actualización del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que fue aprobado en diciembre de 2023 y que sustituyó a una versión que databa de 2006. En septiembre del pasado año, las empresas demandaron ante el Tribunal Supremo al Gobierno por el incremento de lo que deben pagar a Enresa por gestionar sus desechos. Pero una de esas eléctricas, Iberdrola, decide ahora dar un paso más allá en esta batalla y pone negro sobre blanco en su demanda los supuestos daños que le generará ese incremento: casi 324 millones que no le reclama al Ejecutivo, sino a la empresa pública de residuos radiactivos.Fuentes de Iberdrola han confirmado la presentación de esa reclamación y argumentan que el Gobierno “ha cambiado las reglas de juego unilateralmente”, en referencia a esa subida. Y apuntan a que la reclamación contra Enresa se presentó a finales del mes de febrero.En julio del pasado año, Iberdrola y Endesa ya habían amenazado con una reclamación patrimonial del estilo de la presentada ahora por la compañía que dirige Ignacio Sánchez Galán. A través de un burofax enviado a Enresa les advertían de que, ante la subida de las tasas, se reservaban “el derecho de adoptar cualquier tipo de medida” contra la compañía pública, así como la reclamación “del posible daño patrimonial” que se les pueda causar. Pero no ha sido hasta ahora, cuando la presión contra el Gobierno por el cierre de las centrales nucleares ha subido de nivel y las eléctricas se han reunido con el Ministerio para la Transición Ecológica para abordar este asunto, cuando se ha presentado la demanda.El principal argumento para esa reclamación, como ya explicaban las eléctricas en su burofax del verano pasado y en sus escritos ante el Tribunal Supremo, es el supuesto incumplimiento de contrato en el que habrían incurrido Enresa y el Gobierno, explican fuentes conocedoras de la reclamación. Ese contrato al que se refieren las eléctricas es el protocolo que ellas firmaron en 2019 con la empresa pública en la que se establecía el calendario de cierre de las centrales, que arrancará con la desconexión del primer reactor de Almaraz en 2027 y concluirá con Trillo en 2035. Además de fijar esa ruta de clausura ordenada, que luego sirvió para actualizar el plan de residuos radiactivos, se estableció un tope a la subida de la tasa para gestionar esos desechos.Pero entre 2019 —cuando se firmó el protocolo— y 2023 —cuando se aprobó el nuevo plan de residuos— se produjo un hecho importante: el Gobierno descartó que los desechos radiactivos de más intensidad y peligrosidad, fundamentalmente, el combustible gastado, se guardaran en un único depósito. Serán, en su lugar, siete depósitos (ubicados en los emplazamientos en los que han estado operando las plantas nucleares) los que guarden esos residuos durante las próximas cinco décadas hasta que, supuestamente, se construya un almacén geológico profundo centralizado. El Ejecutivo argumenta que finalmente se tuvo que optar por la solución de los siete almacenes ante la imposibilidad de encontrar un Gobierno autonómico dispuesto a que su comunidad acogiera los residuos radiactivos de alta intensidad de todas las centrales del país. Y esa multiplicación de silos ha tenido un impacto en el incremento de las tasas que ahora denuncian las eléctricas.Defensa del protocolo de cierreLo curioso de este caso es que los recursos de las eléctricas y el lobby nuclear contra el Gobierno y Enresa se basan en ese presunto incumplimiento del protocolo de 2019 en el que se estableció el calendario de cierre escalonado de las centrales. Sin embargo, las empresas llevan algunos meses afirmando públicamente que se debería modificar ese calendario, aunque siempre que se tocara lo que denominan fiscalidad, en referencia a la tasa de residuos radiactivos y otros gravámenes nacionales y autonómicos, para que les puedan salir las cuentas para seguir operando esas centrales.Pero el Gobierno, cada vez que se le interroga sobre este asunto, sostiene que no tienen sobre la mesa ninguna petición concreta de las eléctricas sobre la ampliación de la vida de la central cacereña de Almaraz, la primera que va a cerrar, ni del calendario en su conjunto. La semana pasada, la vicepresidenta tercera Sara Aagesen y su equipo se reunieron con las eléctricas para abordar este tema, pero fuentes de Transición Ecológica sostienen que las compañías no han presentado aún una propuesta concreta. Interrogada por la tasa Enresa, Aagesen inistió en que el coste de gestión de residuos no puede repercutir en los ciudadanos, sino que tienen que hacerse cargo las empresas energéticas.Por su parte, desde el sector pronuclear se argumenta que la inestabilidad internacional y el retraso en algunos casos del almacenamiento energético para aprovechar todo el potencial renovable es una buena razón para replantearse el calendario de cierre de las centrales nacionales, que actualmente aportan alrededor del 20%. Pero la cuestión principal sigue siendo la misma: ¿salen las cuentas para que sigan operando?