El precandidato Daniel Quintero enfrentará un juicio en los próximos meses. La Fiscalía decidió acusarlo por su presunta participación, como alcalde de Medellín, en el escándalo de Aguas Vivas, en el que supuestamente se cambió irregularmente el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en aras de beneficiar a terceros con el famoso predio ubicado en El Poblado, en el que se iba el Ecoparque Las Palmas. Para el ente acusador, se trata de un “acuerdo criminal” en el que él habría participado junto a particulares y otros exfuncionarios de La Alpujarra.EL TIEMPO conoció detalles de las 144 páginas del escrito de acusación contra Quintero y otras 12 personas cercanas a su administración, con el que la fiscal Yarlecy Mena los llama a juicio por los delitos de interés indebido en la celebración de contrato, prevaricato por acción y peculado por apropiación.En el caso de Quintero tendrá que responder por dos cargos de los que él se ha declarado inocente. Con la modificación de papeles desde el año 2020, junto con algunos de sus entonces funcionarios, “habría intentado favorecer económicamente a los particulares cambiando la cesión gratuita del bien a una compraventa, y así poder pagarles más de 40.500 millones de pesos, que correspondían al valor del lote”.El lote Aguas Vivas en una fotografía reciente. Foto:EL TIEMPO.Según la fiscal Mena, por distintos medios a la administración de Quintero se le habría puesto de presente que no era posible modificar el POT, pues era una competencia que tenía el Concejo. No obstante, a través del Decreto 412 de 2023 habría hecho la ‘jugada’ por la que hoy lo pretenden juzgar. “Daniel Quintero desconoció los deberes funcionales que le correspondían como alcalde de Medellín, concretamente desconoció los deberes referentes a asegurar que toda actuación administrativa respete la legalidad y normas superiores como las referidas a las competencias constitucionalmente asignadas a los concejos municipales, y el desconocimiento del principio de legalidad se presenta al dirigir la actuación administrativa desbordando la ley”, dice el escrito de acusación.Centro administrativo de La Alpujarra, Medellín. Foto:EL TIEMPO.Es decir, el reproche del ente persecutor es que el precandidato firmó el Decreto 412 excediendo supuestamente las competencias que tenía. Para ese trámite se habría organizado con su entonces secretario general, Fabio García.Frente al delito de peculado, la Fiscalía indicó que Quintero y García se habrían apropiado del inmueble de Aguas Vivas que en 2019 le habían pasado a la alcaldía unos empresarios -Juan Diego Moreno, José Fernando Rueda y Juan Manuel Villegas-, a través de una cesión gratuita para el pago de obligaciones urbanísticas. “No obstante, de manera irregular y contraria a lo dispuesto por la normatividad vigente, el señor Fabio García expidió una resolución del 26 de octubre de 2022, mediante la cual ordenó la terminación unilateral del contrato de cesión gratuita y dispuso la devolución del inmueble a los particulares anteriormente mencionados”, se añade en la acusación.Audiencia de imputación contra Daniel Quintero Foto:Archivo particularEsa diligencia la habría hecho el entonces secretario con el conocimiento del alcalde Quintero, según la Fiscalía, “en quien recaía la custodia y administración de los bienes de propiedad del municipio de Medellín”. “Fabio García y Daniel Quintero junto con los particulares Moreno, Rueda y Villegas, con división de tareas y bajo un acuerdo criminal común, realizaron aportes funcionales determinantes para apropiarse, en favor de los citados particulares, del inmueble de propiedad del municipio”. La apropiación por la que acusan a los dos exfuncionarios sería de 42.719 millones de pesos.Lote Aguas Vivas Foto:Archivo particularLos otros procesados, que escucharán la acusación formalmente en una audiencia a programarse en Medellín, son los exfuncionarios Fabio García, Karen Bibiana Delgado, Alethia Arango, Ingrid González, Leidy Jiménez, Sergio López, Natalia Jiménez, Yina Pedroza y Carlos Mario Montoya; así como los ciudadanos Juan Manuel Villegas, Juan Diego de Jesús Moreno, representante de IDC Inversiones SAS, y José Fernando Rueda, representante de Técnicas Constructivas SAS.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com