Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades en la sede de PRISA.Álvaro GarcíaLa ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, de 44 años, no se cansa de repetir que su abuela no sabía ni leer ni escribir y que es la primera generación de su familia con un título universitario. Por eso esta ingeniera de Telecomunicaciones por la Politécnica de Valencia y exalcaldesa de Gandia, defiende con tanta pasión la igualdad de oportunidad que otorga un sistema universitario público sólido y bien financiado. Morant, presidenta de los socialistas valencianos, está en el foco esta semana por el endurecimiento de los requisitos para abrir o mantener una universidad privada en España. Este martes se aprobó en Consejo de Ministros la tramitación de urgencia de la modificación del decreto que las ampara ―pronto habrá más universidades privadas (ahora hay 46) que públicas (50)― y este miércoles los rectores conocerán los detalles del nuevo texto.Pregunta. El señor Feijóo ha dicho que “hay bastantes más chiringuitos en el Gobierno de Sánchez que en la educación superior”.Respuesta. Elude un debate de mucha profundidad: la calidad de las universidades. Hemos presentado una garantía para que cualquier familia que hace un esfuerzo económico, sea pequeño o sea grande, para que su hijo o su hija tenga un título universitario, sepa que posee calidad. Y eso es una obligación del sistema. El señor Feijóo no querrá entrar en el trasfondo del debate, porque se verá representado por sus comunidades. Por ejemplo, la madrileña, que maltrata y desprestigia a la pública y privatiza.P. La oposición les echa en cara que varios ministros y el presidente Sánchez estudiaron en las privadas.R. Es pervertir y simplificar el asunto. Desde los años 80 y hasta ahora, han accedido a la Universidad los hijos de las familias de trabajadoras que antes no iban. Pero en los últimos 25 años no se ha creado ninguna universidad pública y 26 privadas. En la última década, la matrícula en la pública solo ha crecido el 2% y en la privada más del 100%. En definitiva, la asfixia a la Universidad pública por parte de quienes la tienen que financiar, que son las comunidades autónomas, y sobre todo desde la época de recortes, está haciendo que no ofrezca las plazas suficientes. No es un tema de libertad, de elegir entre la pública o la privada, porque prioritariamente la gente quiere estudiar en una pública.Más informaciónP. ¿Les ha faltado hacer pedagogía? Los chiringuitos a los que aluden se quieren instalar en centros comerciales, presentan un aval de 3.000 euros, basan todo su negocio online en un máster muy demandado…R. La gente no tiene por qué saberlo. Cuando uno va al dentista, confía en que tiene un título universitario que se ha expedido en la universidad. Hay que proteger al ciudadano frente a un posible fraude de calidad que se pudiera estar produciendo, a través de títulos universitarios, en universidades que han aparecido en los últimos años. Siendo yo ministra, se han hecho informes negativos por calidad a universidades que, sin embargo, se han aprobado en la comunidad autónoma. Eso es lo que vamos a evitar.P. La decimocuarta universidad que se quiere abrir en Madrid tiene el informe demoledor del ministerio y el voto en contra de siete comunidades del PP en la Conferencia General de Política Universitaria [están presentes el ministerio y los gobiernos autonómicos]; incluso su agencia hizo un informe contrario. ¿Esto no va a parar?R. Ahora. Ahora.P. ¿Se fía de que las comunidades que aprobaron una universidad sin calidad vayan a cerrarla si no se ajusta al decreto? Parece iluso.P. Vamos a trabajar con lealtad institucional y entendiendo que todo el mundo queremos lo mismo. Pero entenderán que pongamos especial atención en aquellas universidades que tenían criterio desfavorable por parte de la conferencia.P. ¿La universidad puede dejar de ser un ascensor social?R. El gran objetivo de la universidad pública tiene que ser que la gente joven adquiera conocimiento, preparar para las nuevas profesiones e incluso inventar otras nuevas y asumir los retos de la investigación contra el cáncer o contra el cambio climático. Pero su objetivo es acabar el mes. La asfixia económica las lleva a lo básico y al reparto de la miseria, no a competir. No tienen capacidad de planificar nada más que pagar los salarios, la luz y el agua. La gente tiene que saber que existe un modelo ideológico de privatización que está afectando a la universidad pública, igual que ha afectado a otros ámbitos, como es la sanidad. Y que nosotros ayer [por el lunes] aumentamos la transferencia a la UNED en un 35%, mientras que Madrid anunció un 3% de aumento de la financiación de la pública [tras la presión de los rectores subió del 0,9% al 4,2%]. Ahí es donde está el debate.El problema de la universidad madrileña es la señora AyusoP. Isabel Díaz Ayuso ha dicho esta mañana que las 13 universidades privadas en Madrid son “un pulmón económico”, pero al mismo tiempo la Complutense, arruinada, ha tenido que quitar las ayudas a sus grupos de investigación, a la innovación docente, estudia la viabilidad de muchos grados…R. En determinadas comunidades los sistemas públicos están al borde de la desaparición y del colapso. Lo voy a decir claramente: el problema de la universidad madrileña es la señora Ayuso con su modelo ideológico de sociedad: cada vez la gente que más tiene paga menos impuestos y se destina menos dinero al sistema público. Es un sistema de sálvese quien pueda. Cada vez va a haber menos oferta de lo público en Madrid, que es lo que contribuimos entre todos y lo que es más accesible para las familias. Los másteres y los másteres habilitantes ya están acaparados por la privada. Ha sido el motivo del anuncio de la UNED [30 millones de euros de aumento de presupuesto y 7.000 plazas de grado y máster]. Para pulmón económico, el que piden los rectores de la pública madrileña, porque están sin oxígeno.P. La Generalitat Valenciana, que imagino que querrá presidir, es dueña del 30% de la Universidad Internacional de Valencia, que ha multiplicado sus alumnos por siete en ocho años (la mayoría con Ximo Puig en el poder). ¿Qué haría?R. Lo vuelvo a repetir. No habría sido ingeniera si no hubiese un sistema público universitario, y como yo, la mitad de las familias de este país. El sistema universitario español, que tiene una alta distribución territorial, ha funcionado y se lo están cargando de manera deliberada los que piensan que la política universitaria es un negocio. Y no, no es un negocio, es un bien público.P. Ustedes inciden siempre en el peligro de romper la igualdad de oportunidades, pero parecen olvidarse del ahogo económico de muchas familias. En Madrid ya hay en primero de Medicina más alumnos en la privada, pagando hasta 23.000 años, que en la pública (1.300)R. El ascensor social se rompe en el momento en que dependes de nuevo del bolsillo de tus padres para poder o no cursar una carrera. Madrid en los últimos años ha aprobado tres universidades con informe desfavorable por parte de la conferencia. Y ahí es donde hemos metido el cambio más radical, que es que el informe ya no lo va a emitir solo esta [no hay que acatarlo]sino otro vinculante de la agencia de evaluación ANECA.Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, durante la entrevista.Álvaro GarcíaP. Las universidades privadas a distancia van a tener que ser aprobadas por las Cortes Generales. ¿Les preocupan especialmente?R. No especialmente. Una universidad online que efectivamente imparte clases en todo el territorio tiene un carácter estatal y por eso van a pasar a ser de carácter estatal. Hemos cambiado solo el ámbito competencial.Hay universidades privadas en nuestro país que estos requisitos los cumplen con crecesP. Las privadas tendrán que obtener el 2% de sus fondos de concursos competitivos de investigación, pero sus profesores tienen que dan muchas más clases que en la pública.R. De eso se trata, hagamos que la privada confluya con los estándares educativos y científicos que hay en la universidad pública. Por cierto, por decirlo, hay universidades privadas en nuestro país que estos requisitos los cumplen con creces.P. La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU, 2023) prevé llegar a un gasto del 1% del PIB en universidad en 2030, pero si Cataluña y Mádrid, muy rácanas y con sistemas muy grandes, no se lo creen su plan es papel mojado.R. La ley llevaba aparejada la creación de una comisión de trabajo con las comunidades para precisamente fijar qué significa esto del 1% del PIB: es estatal o de cada comunidad. Se recaban datos y, a partir de ahí, trataremos a ver la hoja de ruta. Es importante que a la gente le contemos en ese trayecto quiénes están en semáforo rojo, amarillo o verde, porque tiene derecho a evaluar lo que hace su administracióbn con sus impuestos. Efectivamente, Cataluña es uno de los territorios donde peor se financia, pero se ha comprometido a unos presupuestos expansivos. Por el contrario, Madrid se inventa contrarreformas a la LOSU. Bloquea el avance y el progreso hacia una universidad mejor financiada.Más informaciónP. ¿Cuánto puede aguantar el sistema científico con los presupuestos prorrogados, sobre todo cuando en 2026 decaerá la financiación de la UE y, además, habrá que hacer un importante gasto en Defensa?R. Lo primero es dar un mensaje de tranquilidad. Un presupuesto prorrogado no significa recortes, sino tal vez lo contrario. Este Gobierno no hará recortes.P. ¿Habrá trasvase de fondos de investigación civil a militar?R. El encargo que tengo del presidente es trabajar con [el Ministerio de] Defensa para incorporar nuevas capacidades y tecnologías para la defensa de nuestra sociedad en sentido amplio. Esto incluye autonomía energética y lucha contra el cambio climático, por ejemplo. Para protegernos de las amenazas híbridas o de un ciberataque necesitamos tecnología cuántica. No estamos hablando de militarizar a ingenieros, sino de incorporar más, y que trabajen en tecnologías transversales que tienen uso dual; civil y militar. No se va a desatender la ciencia básica, pero va a haber una orientación para que muchos de los desarrollos científicos y tecnológicos nos sirvan para la defensa o seguridad en el sentido más amplio. Es una enorme oportunidad para la ciencia y la tecnología.P. Europa quiere doblar su presupuesto para atraer científicos extranjeros. Ayer, Salvador Illa anunció un programa específico de 30 millones para captar investigadores de Estados Unidos. El Gobierno ya tiene un programa de este tipo, Atrae ¿Va a aumentar su presupuesto?R. En las dos ediciones que llevamos han venido 58 científicos, con un millón de euros para cada uno. El 50% son investigadores españoles que se fueron siete años fuera y ahora vuelven. El otro 50% es talento que viene de otros países. De todos ellos, la mitad vienen de Estados Unidos o de Reino Unido. Y esto antes de que llegase Donald Trump al Gobierno el pasado noviembre. Ellos me comentaban que una de las cosas por las que habían elegido nuestro país es porque querían que su familia creciera en un país democrático. A día de hoy hay un debate entre negacionismo y ciencia, entre democracia y retroceso democrático que se está viviendo en determinadas potencias mundiales. Europa y España estamos del lado de la ciencia y la democracia. España, junto con otros nueve países, hemos propuesto a la Comisión Europea un programa en ese sentido. Además, con nuestro programa Atrae, vamos a tener un enfoque parecido a lo que ha hecho el Presidente Illa, con más dinero del que había hasta ahora, aunque haya presupuestos prorrogados.P. ¿Han detectado problemas burocráticos para acceder a estas ayudas, como relataba en EL PAÍS una de las científicas estadounidenses que ha recibido estas ayudas?R. Es un programa nuevo y los primeros en llegar son como conejillos de indias. El mayor reto que tenemos es garantizarles su estabilidad definitiva en el país, si quieren. Todavía resuelto. Seguramente tendremos que inventar algún instrumento nuevo para ello.P. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) arrastra un déficit de unos cuatro millones de euros ¿Se va a solucionar ese problema?R. Hemos aumentado los salarios del personal científico y funcionarial, lo que ha hecho aumentar los gastos de personal. Como no puede ser de otra manera, tenemos que aumentar la financiación y las transferencias en la misma medida. Le puedo asegurar que aunque estemos en presupuestos prorrogados, eso lo vamos a resolver. Y también lo haremos para todos los centros de investigación que gozan de transferencias del Gobierno de España.P. En su carta de despedida como directora del CNIO, María Blasco aseguró que tenía un acuerdo con su Ministerio desde hace meses para salir de la dirección de forma pactada, ¿es cierto?R. Hace meses, no. Sí es cierto que este tema se podría haber resuelto de muchas maneras, pero la directora no renunció a serlo. Y finalmente fue cesada por el patronato junto al gerente.

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