Cuarto imputado de la Junta andaluza en las causas de los contratos del SAS | España

La jueza que investiga una posible malversación en el fraccionamiento indebido y masivo de contratos por 235 millones a la sanidad privada del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Cádiz, Rosa María García, ha citado como investigado al director económico de compras del SAS en esa provincia, Demetrio González. Es el cuarto miembro del Ejecutivo autonómico imputado en las causas que atañen a la Junta por los contratos del SAS en pandemia y años posteriores, ya que en la investigación sobre una supuesta prevaricación en la adjudicación de contratos de emergencia por 234 millones desde la central en Sevilla están investigados la gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.González estaba citado en principio como testigo a finales de abril en el juzgado gaditano, pero tras la declaración de los interventores de la Junta la semana pasada, la jueza ha cambiado de parecer y le ha citado como investigado en la causa, que indaga si hubo malversación en el fraccionamiento artificial de contratos. Los interventores que cargaron contra el fraccionamiento de contratos ratificaron frente a la magistrada el grueso de sus informes y censuraron que el SAS emitiera en Cádiz 135.767 facturas que sumaban 235 millones en contratos menores repartidos en 175 expedientes durante 2021. Los funcionarios auditores de la Junta consideraron que esos contratos estaban “en fraude de ley”, cuestionamiento que derivó en la denuncia del partido Podemos en los juzgados y en la posterior apertura de causa por parte de la magistrada García, al ver indicios de delito.En estas pesquisas, la Junta ha quedado personada finalmente como responsable civil subsidiaria, después de que presentara escritos contradictorios sobre su papel como parte perjudicada y en paralelo como responsable civil subsidiaria. El Gobierno andaluz ha dicho una cosa y la contraria y al comienzo de la investigación pidió personarse dos veces en el juzgado, pero la magistrada se lo denegó porque la Junta no aclaraba en calidad de qué quería personarse en la causa.El Ejecutivo aclaró luego que solicitaba personarse como perjudicada, pero poco después pidió personarse como responsable civil subsidiario, “un disparate jurídico”, en palabras de Podemos. La portavoz de la Junta, Carolina España, echó balones fuera al ser preguntada sobre este cambio de postura, y alegó que si los servicios jurídicos había estimado conveniente el cambio, “será porque es lo más oportuno”.El partido denunciante del caso en Cádiz, Podemos, ha criticado este lunes que “los 235 millones investigados podrían ser solo la punta del iceberg de lo que está haciendo el PP de Moreno Bonilla con la sanidad andaluza”. “Tras comprobar que los interventores tenían razón al criticar las irregularidades por valor de 235 millones en la gestión de los contratos menores en Cádiz, es urgente y necesario esclarecer quiénes son los cargos políticos que dieron luz verde a todo esto”, ha censurado el coportavoz de Podemos Andalucía, José Manuel Jurado.El responsable de las cuentas de la sanidad andaluza y de planificar sus contrataciones, José Antonio Miranda, cesó en su cargo hace un mes. Miranda, veterano diputado del PP y director general de Gestión Económica del SAS, estuvo al frente de las cuentas del Servicio Andaluz de Salud y su planificación presupuestaria desde 2019 hasta el pasado marzo. La consejera de Salud, Rocío Hernández, dijo que él mismo había pedido “un descanso” porque tenía la jubilación “muy cerquita”.Podemos no se cree la versión oficial de su reciente sustitución. “Nadie se cree ya hoy que este señor necesitaba descansar. ¿Cómo que descansar? Señor Moreno Bonilla, dé una explicación coherente y sea sincero por una vez de por qué se le ha cesado”, ha añadido Jurado. La imputación de González llega este lunes tras la manifestación el pasado sábado en Sevilla que concentró a miles de andaluces en una marcha histórica para clamar por el abandono de la sanidad pública por parte de la Junta.