Este viernes el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) anunció que estableció medidas cautelares dirigidas al Estado mexicano en relación a los desaparecidos en el país, observando que se han convertido en un fenómeno “sistemático o generalizado”.Ante ello, el Comité anunció que, por primera vez en México, iniciará un procedimiento contemplado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el cual establece abre la posibilidad de intervención a la Asamblea General de la ONU:“Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado al Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas.”En este contexto, el Presidente del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), Olivier de Frouville, afirmó este viernes, durante la clausura del 28º período de sesiones, que fue “oportuno” atender esta situación conforme al artículo 34.“De acuerdo al procedimiento de comunicación urgente, el procedimiento de comunicaciones individuales del artículo 31, y también basándonos en el procedimiento previsto en el artículo 34, conforme con este último, el Comité recibió información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México”, indicó en la sesión.Añadió que “el Comité decidió solicitar al Estado Parte toda la información pertinente en relación con estos hechos, lo cual no prejuzga las próximas etapas del procedimiento”.Además especificó que la solicitud de información será enviada en las próximas semanas, subrayando el propósito del Comité de mantener con el Estado mexicano una “cooperación y un diálogo constructivo para alcanzar un objetivo común”.En un comunicado oficial compartido el jueves por la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato y Solidaria Consultora, quienes aseguran fue a petición suya la decisión, establecen que el CED exige el resguardo adecuado de los restos, el acceso a la información para los familiares de personas desaparecidas y la protección de los colectivos de búsqueda.El organismo expresó su preocupación por el riesgo de daño irreparable a las pruebas encontradas en el predio y denunció los obstáculos que enfrentan los familiares para participar en la investigación. Asimismo, señaló las amenazas y represalias contra integrantes de los colectivos que realizaron el hallazgo, a pesar de contar con medidas de protección.Entre las acciones urgentes solicitadas al Estado mexicano, se incluyen:
El resguardo y análisis de los restos óseos y objetos personales hallados, garantizando la cadena de custodia.
Una investigación exhaustiva para identificar los restos y esclarecer los hechos.
La garantía de participación de los familiares en el proceso.
La implementación de medidas de protección reforzadas para los colectivos de búsqueda.
El Comité destacó la necesidad de redoblar esfuerzos en la investigación y reiteró el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para esclarecer los hechos.Consulta aquí el comunicado completo de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato y Solidaria Consultora:
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Activan por primera vez en México procedimiento de ONU para crisis de desaparecidos
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