El escándalo de las interceptaciones ilegales del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entra en una nueva fase judicial. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a Andrés Mauricio Peñate Giraldo, exdirector de esa entidad, como presunto responsable del delito de concierto para delinquir agravado.La acusación fue presentada el pasado jueves 31 de julio por la Fiscalía General de la Nación, que señala a Peñate de haberse aliado con varios subalternos para conformar una estructura criminal que operó entre 2005 y 2007 —cuando él estuvo al frente del DAS— con el propósito de obtener información reservada de manera ilícita. Las víctimas habrían sido magistrados de la Corte Suprema de Justicia, congresistas de oposición y un periodista.Andrés Peñate, exdirector del DAS. Foto:Héctor Fabio ZamoraSegún el ente acusador, se habrían utilizado recursos institucionales del DAS para ejecutar interceptaciones ilegales, seguimientos, infiltraciones y otras actividades de inteligencia sin sustento legal.El exdirector está en el banquillo por concierto para delinquir agravado y se enfrenta a una pena de entre 8 y 18 años de prisión por, según la Corte, “haber dirigido las interceptaciones contra servidores públicos, magistrados de la Corte y excongresistas con ocasión de sus funciones e investidura”.En la primera sesión de audiencia, el pasado 23 de julio, la Sala reconoció como víctimas al presidente Gustavo Petro Urrego (entonces congresista de oposición), al periodista Daniel Coronell, al partido Polo Democrático Alternativo, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a seis exmagistrados de la Corte: Luis Javier Osorio López, Sigifredo Espinosa Pérez, Pedro Octavio Munar Cadena, Jorge Luis Quintero Milanés, Javier de Jesús Zapata Ortiz y Alfredo Gómez Quintero.Andrés Peñate, exdirector del DAS. Foto:EL TIEMPO.El exdirector está en el banquillo por concierto para delinquir agravado y se enfrenta a una pena de entre 8 y 18 años de prisión por, según la Corte, “haber dirigido las interceptaciones contra servidores públicos, magistrados de la Corte y excongresistas con ocasión de sus funciones e investidura”.El caso continuará con la audiencia preparatoria, la siguiente etapa del proceso, en la que la Sala deberá definir cuáles pruebas se practicarán durante el juicio contra Peñate, uno de los nombres que ahora enfrenta la justicia por los excesos de la inteligencia estatal en la década de los 2000.Redacción JusticiaMás noticias: