Durante 8 horas el Juzgado 50 de Garantías de Medellín escuchó este 21 de abril la ampliación de los argumentos de la imputación de cargos que la Fiscalía hizo el 8 de abril en contra del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por el caso de Aguas Vivas.La audiencia de imputación quedó nuevamente programada para el martes 22 de abril de 2025 a las 2:30 p.m.En la extensa diligencia, el juzgado resolvió la solicitud del exmagistrado Luis Antonio Hernández, defensor de Daniel Quintero, sobre una explicación de por qué la Alcaldía de Medellín estaba como víctima y pidió que no los deje seguir participando de las diligencias.“Se quiso una explicación de por qué la Alcaldía de Medellín estaba como víctima”, afirmó Hernández en la audiencia del 8 de abril y aseveró que el actual alcalde, Federico Gutiérrez, podría estar involucrado en las decisiones cuestionadas.El jurista recordó que en 2022, durante la administración de Quintero, el contrato de cesión celebrado bajo el mandato del entonces alcalde Federico Gutiérrez fue declarado nulo por considerarse contrario a la ley.Continuación de la audiencia contra Daniel Quintero el 21 de abril Foto:Archivo ParticularLa respuesta del juezEn la diligencia del 21 de abril, el juez 50 de Garantías citó pronunciamientos de la Corte Suprema frente a la solicitud de negar la participación del representante de la Alcaldía de Medellín por un presunto de intereses por trabajar en la actual administración de la capital de Antioquia.”Ese conflicto de intereses se vería reflejado si el representante legal de la entidad fuera quien estuviese siendo imputado o acusado por los hechos que investiga la Fiscalía”, dijo el juez quien aceptó la participación del apoderado de la Alcaldía de Medellín como víctima del proceso.Continuación de la audiencia de Daniel Quintero el 21 de abril Foto:Archivo ParticularRespuesta de la defensaEl defensor de Daniel Quintero dijo que no se discute esa condición de victima respecto a la defensa de la entidad territorial, si no de su representante.”Ese contrato que fue anulado por existencia de vicios de nulidad absoluta se impute por prevaricado a unos funcionarios de la Alcaldía de Medellín que sustentaron. El mero hecho que no exista una imputación en su contra, existe una noticia criminal en su contra por haber considerado terminado el contrato de cesión de nulidad absoluta y eso no significa que no tenga interés en los funcionarios”, dijo el defensor del exmandatario Quintero.Enseguida, Jhohesiash Ben Emmanuel Goldstein Summers, abogado defensor del exsecretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, dijo que es una contradicción porque se alega ser víctima y al tiempo se realizaron las conductas que están siendo investigadas.”No puede ser víctima de lo que uno mismo hizo. El acto que se busca imputar que es el interés indebido en la celebración de contratos, implica la celebración de un contrato del 27 de diciembre de 2019 y se elevó a escritura pública”, dijo el defensor.Juez mantiene la postura“La judicatura anuncia que no repone su decisión, ello afincado en la motivación que hemos dado”, explicó el juez, quien sostuvo que la jurisprudencia no permite apartar a una entidad por conjeturas o manifestaciones de los defensores, sino solo cuando hay una vinculación penal formal.Aclaró que si el actual representante legal del ente víctima —en este caso, el alcalde Federico Gutiérrez— llegara a ser sindicado por los mismos hechos, entonces sí tendría que ceder la representación, la cual asumiría la Contraloría. Sin embargo, enfatizó que, por ahora, no hay tal conflicto frente al proceso que se adelanta contra Quintero y a los demás exfuncionarios.Daniel Quintero, durante la audiencia el 21 de abril. Foto:Archivo ParticularLa imputación de la FiscalíaSegún la Fiscalía, durante la administración de Daniel Quintero se habría inflado de forma irregular el avalúo del lote Aguas Vivas, de más de 146.000 metros cuadrados en El Poblado (Medellín), pasando de 2.700 millones a más de 48.000 millones de pesos, con el fin de beneficiar a privados a través de una cesión gratuita convertida luego en una operación susceptible de pago.Por estos hechos, el exalcalde Quintero fue llamado a imputación por peculado por apropiación y prevaricato por acción, junto con otros 13 exfuncionarios y empresarios. Entre ellos están Fabio García, exsubsecretario de Ejecución Contractual, y representantes de las empresas IDC Inversiones SAS y Técnicas Constructivas SAS.La Fiscalía señaló que se cambiaron ilegalmente las condiciones del contrato, se violó el Plan de Ordenamiento Territorial y se firmó un decreto —el 412 de 2023— para modificar el uso del suelo sin pasar por el Concejo. Incluso, tras una fallida conciliación, las empresas recuperaron el control del lote, lo que habría generado un detrimento patrimonial.En la audiencia de este 21 de abril, los defensores exigieron que no tiene sentido validar la petición del ente investigador para corregir la imputación inicial, luego del anuncio del juez quien pidió que “de manera particular, uno a uno,” la Fiscalía mencione cuál fue el papel de los implicados para garantizar la legalidad del proceso.Enseguida, la representante de la Procuraduría señaló: “Observo que la intervención de los abogados están generando que se caiga en un despropósito. La Fiscalía había efectuado en debida forma la imputación fáctica y jurídica de los hechos”.El lote Aguas Vivas. Foto:EL TIEMPO.Las aclaraciones de la FiscalíaPrevio a la intervención de la fiscal Yarlecy Mena, el juez aclaró que no se está frente a dos imputaciones, por el contrario, “se está en una audiencia de imputación que se suspendió el 8 de abril y se reanudó el 21 de abril”, dijo.La delegada del ente investigador aclaró delito de interés indebido consistió en que los señores Carlos Mario, Karen Viviana, Sergio Andrés, Natalia Andrea, Alethia Carolina y Leidy, se interesaron en provecho de un tercero -IDC Inversiones SAS y Técnicas Constructivas SAS-. Es decir, del lote Aguas Vivas, el cual se traspasó con una escritura pública del 27 de diciembre de 2019.”Se interesaron en la modificación mediante el trámite de la solicitud de la conciliación prejudicial en el contrato de cesión gratuita del bien inmueble, entre el municipio de Medellín y las empresas mencionadas”, dijo la fiscal. Asimismo, dijo que entre febrero de 2020 y octubre de 2022, Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión Contractual y Territorial de Medellín, “se interesó indebidamente en provecho de un tercero en la modificación mediante el tramite de la solicitud del tramite extrajudicial”.En seguida, explicó que este interés fue realizado en el ejercicio de funciones como servidor público.”Le correspondió proponer el 10 de septiembre de 2020 iniciar el proceso para el pago del inmueble, el 20 de noviembre la realización de la entrega jurídica y el 14 de abril de 2021 comunicar el valor del inmueble”, dijo la fiscalY añadió que “le correspondió manipular el entendimiento del contenido de la escritura pública para alegar faltas de competencias en la aprobación de los proyectos”.Este es el plano de las intervenciones aprobadas para Aguas Vivas. Foto:EL TIEMPO.Para Karen Bibiana Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios entre febrero de 2020 y octubre de 2022, la fiscal dijo que ella tuvo un “interés económico en favorecer a estos particulares que puede calificarse como indebido”.Según la fiscal, le correspondió “anular el concepto emitido el 6 de agosto de 2021 en el que se indicaba que no era procedente proponer fórmula de arreglo y sustituirlo por un concepto emitido para darle apariencia de legalidad a la fórmula de mutar a la sesión gratuita a una compraventa”.De otro lado, la fiscal señaló que Sergio López, exdirector de Planeación, se “interesó indebidamente en favor de terceros en la modificación del contrato de cesión gratuita” y “emitió un concepto contrario a la ley y lesivo al patrimonio público. Además, gestionar el pago del inmueble con dineros provenientes del fondo de recursos recaudados de áreas de cesión público cuando el comité estratégico lo negó”En esta línea, Natalia Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución Contractual, al parecer, “se interesó indebidamente en favor de terceros”.Según la fiscal, al parecer, “aprobó la fórmula de arreglo, emitió concepto contrario a la ley como resultado de la mesa de trabajo y sustituyó el concepto jurídico para ocultar que no era procedente acceder a las peticiones de los particulares”Después se explicó que Alethia Arango, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público y Leidy Jiménez Echavarría; exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores habrían “aprobado el 11 de noviembre de 2021 la fórmula de arreglo, consistente en el pago de $40.509 millones por un inmueble a través de la modificación de la escritura pública”.Audiencia Daniel Quintero, 21 de abril. Foto:Archivo particular.La imputación a Daniel QuinteroLuego de escuchar el primer bloque de imputaciones, el juez le dio autorización para continuar con las dudas de los cargos contra Quintero, exsecretario General del Distrito, Fabio Andrés García Trujillo; al representante legal de Técnicas Constructivas, José Fernando Rueda Salazar; al representante legal de IDC Inversiones, Juan Diego de Jesús Moreno Barón; y a Juan Manuel Villegas Márquez.Según la Fiscalía, los investigados habrían incurrido en actuaciones ilegales que comprometieron recursos públicos y vulneraron los principios de la contratación estatal. Durante la audiencia, Quintero le preguntó a la fiscal sobre la legalidad del contrato que fue anulado por resolución, preguntando si el mismo era contrario a la ley.La fiscal respondió aclarando que el contrato en cuestión fue declarado nulo debido a que el bien pertenecía al municipio y no debía ser devuelto a terceros sin cumplir con los procedimientos legales adecuados. Además, explicó que, en este caso, no se estaba evaluando la denuncia en sí misma, sino que lo imputado era el hecho de haber devuelto el bien del municipio sin los debidos procesos.Quintero también fue cuestionado por la emisión del decreto 0412, el cual, según la fiscal, contraviene el ordenamiento territorial del municipio, permitiendo que el bien en cuestión pasara a manos de terceros, a pesar de que él, como alcalde, tenía la responsabilidad de salvaguardar los recursos públicos y los bienes del municipio.”La manera en que se devolvió el bien fue ilegal. Si se hubiera aplicado la cláusula resolutoria, el bien habría pasado a los dueños, pero con una sanción, ya que esto estaba establecido en el contrato. Sin embargo, no se emitió la resolución correspondiente, lo cual implica un incumplimiento. La entrega jurídica no se cumplió, y como faltaba la materia para proceder, lo que se hizo fue respaldar esa sanción mediante una resolución”, dijo la fiscal.El exmandatario entendió la formulación de imputación.Juan Diego [email protected]