La Fiscalía pide investigar a cuatro hermanos de la Casa de Alba por sus pozos irregulares junto a Doñana | Clima y Medio Ambiente

La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla ha pedido a un juez que declaren como investigados los miembros de la Casa de Alba Eugenia, Cayetano, Alfonso y Fernando José Martínez de Irujo, hermanos y consejeros de la empresa Eurotécnica Agraria, dueña de la finca con nueve pozos irregulares junto a Doñana. El ministerio público solicita que los cuatro hermanos declaren como imputados en la causa por un delito contra el medio ambiente, ya que figuran como miembros del consejo de administración de la sociedad familiar que gestiona la finca Aljóbar, y podrían arrojar luz sobre el posible delito cometido.El magistrado Pablo Aragón, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), investiga las extracciones ilegales de agua en la finca Aljóbar, con 222 hectáreas, junto a la reserva desde hace un año y medio. Hasta ahora solo ha declarado ante el juez, hace un mes, Luis Martínez de Irujo, duque de Aliaga, para responder como gerente de la finca y consejero de la empresa familiar. Sin embargo, la Fiscalía considera ahora que también deben declarar sus tíos Eugenia, Cayetano y Fernando José, además de su padre, Alfonso Martínez de Irujo, duque de Híjar, por si pueden aportar detalles que aclaren si hubo un abuso en los permisos de agua autorizados.“Nosotros no tenemos por qué declarar. En un pacto de socios se plasmó y quedó clara la independencia de gestión de cada una de las sociedades de cada hermano. Es [la finca Aljóbar] responsabilidad de Luis, nosotros no tenemos nada que ver ahí”, rebate Cayetano Martínez de Irujo. El aristócrata asegura que sus abogados ya están analizando el escrito que presentarán para alegar contra la petición de la Fiscalía, y sitúa el pacto de socios en torno a 2016.Varios de los hijos de la fallecida Duquesa de Alba, en 2010, en un acto en Madrid. J.J. Guillén (EFE)En su oficio de la semana pasada, la Fiscalía estima que “concurren indicios suficientes” para que la investigación continúe, ya que incluye hechos que serían “cuanto menos” constitutivos de un posible delito contra el medio ambiente. A continuación, aclara que “vista la extracción sistemática y de carácter industrial de agua en una superficie muy extensa y mantenida durante muchos años”, se ha podido producir “un grave perjuicio para el medio natural”.La causa por delito contra el medio ambiente surgió tras una querella de la Fiscalía de Sevilla, que había recibido las denuncias de extrabajadores de la finca, que demostraban que solo uno de los nueve pozos abiertos tenía permiso. El terrateniente y gerente de las tierras, Luis Martínez de Irujo, reconoció ante el juez hace un mes que sus captaciones carecían de contadores para remitir los consumos a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.En un principio resultó investigada Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, pero esta alegó que solo había figurado como presidenta de Eurotécnica Agraria al existir un torno rotatorio, pero que estaba al margen de la llevanza de la finca. El juez atendió su petición y levantó su imputación, para llamar como investigado a su sobrino Luis, que declaró hace un mes.En su breve escrito presentado la semana pasada, la Fiscalía pide la imputación de los cuatro miembros de la Casa de Alba, además de Eurotécnica Agraria como persona jurídica, y que la causa sea prorrogada seis meses más. En paralelo, le solicita a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que remita al juzgado copia de los expedientes sancionadores que haya recibido la empresa de la Casa de Alba por sus nueve pozos irregulares y clausurados por la Guardia Civil.Los nueve pozos irregulares de la finca Aljóbar en Aznalcázar (Sevilla) han dañado presuntamente durante al menos una década, entre 2014 y 2024, una masa de agua subterránea muy próxima a Doñana, por lo que el Seprona de la Guardia Civil clausuró las extracciones tras ordenarlo el juez. La Guardia Civil ha cifrado en seis millones de euros el daño ecológico supuestamente causado por las captaciones de agua para naranjas gourmet.