La Procuraduría General le solicitó a la Corte Suprema que condene al exrepresentante a la Cámara Germán Olano, por su presunta participación en el escándalo del ‘carrusel de la contratación’ de Bogotá, con el direccionamiento ilegal en 2007 de un contrato.El proceso cursa en la Sala de Primera Instancia del alto tribunal por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Al parecer, Olano participó de las irregularidades ligadas a la adjudicación de contratos de obra para construir la Fase III de la conocida calle 26 de Transmilenio.Lo que está documentado en el expediente es que para asegurarse de que el contrato se amarrara a sus intereses, Miguel Nule se vio con el excongresista Olano y el contratista Héctor Gómez. La Corte Suprema avanza en la indagación. Foto:Archivo particular”Tras varias conversaciones, Nule se comprometió a pagarles, a nombre del Grupo Nule, la suma de $3.500 millones, distribuidos en un 50 % para Olano y el otro 50 % para Gómez. Este pago tenía como objetivo garantizar, mediante la intermediación de los mencionados, la adjudicación del contrato por parte de las autoridades distritales”, explicó la Procuraduría.Un año después, en 2008, el IDU adjudicó los contratos de malla vial a los Nule, con la condición de que pagaran una comisión del 8 por ciento de los convenios. Parte de ello, el 6 por ciento, iba a manos de los hermanos Samuel e Iván Moreno, y el resto al entonces contralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi. “En este contexto, el entonces representante Germán Olano actuó como ‘garante’ del acuerdo entre Miguel Nule, los hermanos Moreno y el contralor Moralesrussi”.Bladimir Cuadro Crespo, procurador delegado. Foto:Archivo particularLa solicitud a la Corte, firmada por el procurador Bladimir Cuadro, parte de que en el proceso para dictar eventualmente una sentencia condenatoria es clave una grabación difundida en la radio entre Nule y Olano, así como los testimonios de miembros del Grupo Nule. Por ende, la intervención de Olano, “influenciada por la investidura de congresista, resultó crucial para concretar la adjudicación irregular del contrato, con un evidente interés económico en favor suyo y de sus cómplices”.En conclusión, para el delegado del Ministerio Público “este proceder transgredió flagrantemente los principios rectores de la contratación pública, entre ellos, la moralidad, la imparcialidad, la transparencia, la igualdad y la selección objetiva. A cambio de dicha adjudicación irregular, se pactó el pago de una comisión ilícita de $ 3.500 millones de pesos (…) Así, queda acreditado que el interés indebido del congresista Germán Olano”.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com